Nubes de gases lacrimógenos cubrían ayer el cielo colonense, cuando desempleados de la provincia se enfrentaron por varias horas con las unidades del Control de Multitudes de la Policía Nacional, en protesta por la falta de plazas de empleo.
Mientras que la presidenta Mireya Moscoso advirtió que no accederá a la solicitud de los desempleados de restablecer el programa de becas, porque "no pagará a nadie que no trabaje". Moscoso enfatizó que no permitirá que la violencia se apodere de Colón.
En tanto, el ministro de Trabajo, Joaquín José Vallarino III, denunció que los colonenses lo que quieren es un "cheque y no hacer nada". Indicó que tenían unas 800 plazas de trabajo disponibles en la provincia de Colón y que ningún colonense fue a entrevistarse para optar por éstas.
Los hechos de violencia se iniciaron a eso de las diez de la mañana cuando una marcha de los representantes de la Alianza de Desempleados Colonenses, que se suponía sería pacífica, degeneró en violencia, luego que alegaran que el vicepresidente, Arturo Vallarino, no les ha brindado respuestas a sus peticiones de empleo.
Cuarenta personas fueron arrestadas y puestas a órdenes de las autoridades judiciales. Extraoficialmente se conoció que unas 170 personas resultaron afectadas por los gases lacrimógenos utilizados por las unidades policiales.
No obstante, el jefe del cuarto de urgencias del Hospital Amador Guerrero, Alfredo Ehlers, confirmó que habían sido atendidos más de 20 niños con problemas de asfixia, mientras se reportó un herido con arma de fuego, que se desconoce si tiene relación con los hechos.
Aproximadamente a las tres de la tarde la niña Yoralis Barrios, de un año de edad, cayó de su apartamento, ubicado en el segundo piso de un edificio ubicado en la Calle 6, avenida Bolívar, afectada por los gases lacrimógenos, informó Rafael Fontalvo, director del SINAPROC en esta provincia. La niña fue trasladada al Hospital del Niño en la ciudad capital, en condición crítica.
Los quejosos también señalaron que se encuentran en desacuerdo con la decisión del Gobierno de declarar a Colón Zona de Emergencia Social, ya que cuando ellos lo pidieron no se hizo, lo que repercutirá negativamente en la temporada de cruceros que se inicia en octubre.
ARRESTOS
Roberto Small y Christoper Kelly, miembros de la Unión de Trabajadores Desempleados de Colón (UTRADECO); Carlos Grenald, ex dirigente de MODESCO; y Ariel Torres, dirigente de la Federación Sindical, entre otros, fueron arrestados por unidades de la Subdirección de Investigación e Información Policial (SubDIIP).
También resultó detenida Janeth Gypsum, de 37 años, residente en la casa No. 7095 cuarto 9, calle 7 y 8, Amador Guerrero, luego de que se le encontraran cuatro bombas molotov de preparación casera y un saco de arena con gasolina.
En el sitio también fueron arrestados Gilberto Hooker, Daniel Alexander Grant, Juan Luis Corpas y Eduardo Brown.
Los desempleados acusan a la Policía de su respuesta violenta, por lo que procedieron a cerrar la calle 16, quemando llantas, apedreando establecimientos comerciales, utilizando biombos e impidiendo por casi una hora el libre tránsito vehicular. Tal es el caso del edificio Colón Center en el sector de la calle 8 Central.
Los incidentes provocaron el cierre de todos los locales comerciales de la costa atlántica, algunos de los cuales lo habían hecho desde ayer por la celebración de las festividades hebreas. Un bus turístico que pretendía visitar la ciudad fue obstaculizado, mientras que los manifestantes enardecidos apedreaban las vidrieras de diferentes almacenes.
Resultaron afectadas las oficinas de la Cooperativa de Transporte Serafín Niño y del Transporte de Carga, así como Servinaves, un centro médico, ubicadas en el primer alto del edificio, al igual que el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).
Al lugar se presentó el director de la Policía Nacional, Carlos Barés, con unidades del Control de Multitudes provenientes de la ciudad capital para reforzar los operativos efectuados en la provincia.
Mientras tanto, los predios de la Policía Nacional en la Calle 12 se encontraban fuertemente custodiados, sin permitir el acceso a las instalaciones, ya que se temía que fueran apedreadas o atacadas con bombas de fabricación casera.
Se informó extraoficialmente que los desempleados estaban utilizando armas de fuego, por lo que los allanamientos también respondían a una inspección para dar con las mismas.
SUSPENDEN CLASES
La directora regional de Educación, Irasema de Dale, luego de conversaciones con el director nacional de Educación, Gerardo Solís, ordenó la suspensión de clases en las escuelas y colegios particulares y oficiales de la ciudad, hasta tanto se normalice la situación.
Por su parte, unidades del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y la Cruz Roja ayudaban en el traslado de gran cantidad de personas afectadas por los gases lacrimógenos.
Julio Vargas, secretario administrativo de la Cruz Roja, explicó que en la sede del organismo se atendieron principalmente niños y ancianos que luego requirieron ser trasladados al cuarto de urgencias del Hospital Manuel Amador Guerrero, ya que los gases alcanzaron las instalaciones.
En tanto, la gobernadora Luciana de Policani señaló que dependiendo de los delitos cometidos se enviarán los casos a las instancias correspondientes, al tiempo que explicó que se reforzó la policía de Colón porque se esperan actos vandálicos.
Hasta altas horas de la tarde se reportaron unas 50 personas detenidas y según Policani, el gobierno siempre ha estado dispuesto a mantener las negociaciones con los desempleados, quienes han querido dejar a un lado el diálogo. Por su parte, el dirigente de la Federación Sindical, Marcos Allen, negó que los grupos que conforman la Alianza de Desempleados sean responsables de la quema de cuatro vehículos del Estado en la noche del lunes.
Allen condenó estos hechos y pidió al gobierno investigar quiénes fueron y castigar a los responsables. En horas de la noche, el director de la Policía Nacional, Carlos Barés, indicó en conferencia de prensa que unas 40 personas fueron arrestadas y puestas a órdenes de las autoridades quienes serán procesadas por los canales correspondientes.
Dijo que los procedimientos utilizados por los desempleados lo único que provocan son daños a la ciudadanía y al desarrollo económico de la provincia, indicando que es lamentable que un grupo minúsculo quieran poner las pautas en un área comercial, con mucho futuro, donde se proyectan inversiones positivas.
Detalló que como producto de los disturbios dos personas que se manifestaban resultaron heridas con armas de fuego. Por su parte, la gobernadora Policani, quien también participó de la conferencia, subrayó que se impondrán sanciones ejemplares a los detenidos.
