Recientemente, miembros de la Asociación de Residentes de Clayton denunciaron la supuesta violación, por parte de la ARI, de la ley que creó el Parque Nacional Camino de Cruces, tras adjudicar los terrenos.
Funcionarios de la ARI argumentaron que el referido lote se encuentra a más de 500 metros de los límites del Parque Nacional Camino de Cruces, de acuerdo con certificación de plano catastral del polígono oficial que define sus linderos, emitida por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) a finales del 2003.
Esta certificación de ANAM fue entregada por la ARI a la Asociación de Propietarios y Residentes de Clayton, a inicios del mes de febrero de 2004, en respuesta a las inquietudes referentes al uso del lote CL-35.
Este lote fue licitado públicamente por la ARI y su futuro desarrollo se ajusta a la Ley 21 que apruebó el Plan Regional y General de Uso, Conservación y Desarrollo del Área del Canal y que define el uso del lote como Mixto Residencial Urbano de Alta Densidad.
Según la arquitecta Raisa Banfield, vocera de la Asociación de Residentes de Clayton, la adjudicación del terreno se dio a pesar de la advertencia de que forma parte del Parque Nacional Camino de Cruces.
Banfield aseguró que la ARI violó el Artículo 3 de la Ley 30 que establece que "las áreas boscosas comprendidas en el Sector de Clayton... (hace referencia al polígono descrito)...pasarán a formar parte del Parque Nacional Camino de Cruces, una vez reviertan estas áreas a la República de Panamá". Este polígono, de 326 hectáreas, está bien descrito dentro del referido artículo y dentro de éste se localiza el globo CL 35.
Señaló que las acciones de la autoridad de la ARI violentan el artículo 6, que prohíbe el establecimiento de asentamientos humanos y las actividades agropecuarias, comerciales o industriales, además de la construcción de obras civiles dentro del parque.
El Parque Nacional Camino de Cruces es uno de los dos parques definidos por Ley para proteger y mantener la zona de bosques naturales que existen entre el Parque Natural Metropolitano y el Parque Nacional Soberanía, y garantizar así el flujo biológico que permita la conservación de la biodiversidad de especies de flora y fauna.
Hurtado, quien ha sido testigo de diferentes movimientos de fuerza, explicó que desde la década del 60 se han obtenido muchos logros. Él, al menos ganaba B/.17.00 la hora, pero ahora sólo llega a B/. 8.00, y es mucho.
Reconoció que Morris salió de las filas sindicales, pero con su dirigencia la situación ha desmejorado notablemente. Ya no tienen los privilegios de antes, aunque fueron indemnizados esperaban más de la cooperativa.
"Nadie está contra José Morris, sólo queremos que él deje la dirigencia sindical, ya que el problema no es de unos cuantos reales, es de miles de dólares; no ha rendido ningún informe, no se han hecho las evaluaciones", dijo el trabajador bananero.
“Nosotros no queremos dejar caer la cooperativa, por eso seguimos al frente de nuestro trabajo, aunque se ha atrasado el proceso de corte de la fruta, para su exportación”, dijo Hurtado. Quienes decidieron dejar de trabajar para unirse al paro laboran en fincas como Corredor, Palo Blanco, Bogamí, Javillo, Zapatero, Palmito, Caobo, Zapote, Jagua, Higuita y Majagua.
Ubicada a escasos 15 a 20 minutos de carretera de Puerto Armuelles se encuentra la zona bananera. Miguel Batista, uno de los empacadores, no acuerpó la lucha sindical, según destacó, porque "se manejó de manera política".
A juicio de un capataz de Finca Blanco, había unos 800 empleados en desacuerdo con la nueva dirigencia, entre éstos, los dedicados a la irrigación, protección de la fruta y parceleros o chireros, como les dicen.
Aunque muy pocos fueron los que se notaron trabajando, señalaron que a la hora de llevar el sustento diario a sus hogares sólo unos cuantos se benefician en las dirigencias. Confesaron que se pudo dialogar sin llegar a estos extremos.
Flora y Tomasa Rodríguez, dos indígenas esposas de obreros de las bananeras, dijeron que sí apoyan la lucha porque quieren una respuesta de Morris. Hasta que no se diera un acuerdo, ellas no regresarían a sus fincas, debido a que la situación económica ha empeorado.
Mientras que Pedro Rosales, de Finca Higuito, sorprendido recalcó que nunca pensó que Morris llegaría a ocultar las cuentas del trabajo y las ganancias que con tanto esfuerzo han trabajado. Cornelio Quintero, un obrero de la Finca Javillo que tiene a su cargo la dirigencia interina de SITRACHILCO, señaló a El Panamá América que Morris quiso medir fuerzas y se encontró con un pueblo cansado.
Sentenció que las bases eligieron a Morris para que los representara, pero que ahora la "Victoria es de Dios". Dijo sentirse agradecido del pueblo de Puerto Armuelles y de los trabajadores de las bananeras.
Convertido en el nuevo líder sindical, manifestó que ahora tendrá una de las responsabilidades más grandes: estar en otra faceta para ayudar a su pueblo y compañeros.
Ahora sólo espera que la Asamblea General lo elija como nuevo secretario general de SITRACHILCO, según lo establecen los acuerdos con la Comisión de Alto Nivel designada por el Ejecutivo.
Los resultados de la paralización ha dejado pérdidas en el sector bananero por al menos B/.125 mil diarios, según contabilizaron las autoridades gubernamentales.
Actualmente COOSEMUPAR tiene un saldo con el Banco Nacional de Panamá de B/. 17.5 millones de los B/. 22.5 millones que fueron prestados por la entidad bancaria a la cooperativa.
La empresa exportó durante enero de este año un total de 318 mil 354 cajas de banano y para el mes de febrero se contabilizaron 425 mil 248 cajas de la fruta.
Roberto Barragán, alto ejecutivo del Banco Nacional y quien integró la comisión gubernamental de alto nivel, explicó que la empresa transnacional Chiquita, compradora de la fruta, paga directamente debido al contrato establecido por 10 años.
COOSEMUPAR hizo ventas desde julio a diciembre de 2003 por B/. 11 millones 462 mil, de acuerdo con los registros de la institución bancaria, la encargada de efectuar la auditoría a la empresa bananera.
Según el acuerdo marco, del 25 de abril de 2003, esto estaba incluido. Una fuente de gobierno señaló a El Panamá América que en tres ocasiones se le llamó la atención a Morris para que esta parte de los acuerdos se hiciera efectiva. El último llamado fue en el mes de enero y no accedió.
Los trabajadores insisten en que hubo una violación a la ley laboral y que este problema tomó auge debido al apoyo gubernamental a Morris.
Al menos el asesor legal de la directiva interina de SITRACHILCO, Alvaro Muñoz, aseguró que con el respaldo que le han dado las bases a la nueva dirigencia y el desconocimiento a Morris, el que se encuentra ilegal es él.
"Es la primera vez en la historia que ocurre algo tan grande. El comercio, transportistas, empresarios y la comunidad se han mostrado solidarios, algo que ha sido desconocido. Hasta se les ha llamado políticos o terroristas", indicó Muñoz.
Agregó que quienes protestaron son gente común y corriente de las bananeras que lucha por el mandato de las Asambleas, consideradas por las bases como la máxima autoridad, donde solicitaron la renuncia de Morris y nombraron una nueva junta.
