El título constitucional sobre el Canal de Panamá dispone que el Canal es "patrimonio inalienable de la nación panameña", pero no se le ha dado a las áreas revertidas igual tratamiento. Bajo la égida de una discutible "globalización" que valida en el fondo un capitalismo salvaje, las áreas revertidas han estado y están disponibles para la explotación de inversionistas que, en su mayoría, son extranjeros.
Dentro de los parámetros vigentes-nos gusten o no-las inversiones, siempre que encajen en el marco de nuestro interés nacional, son imprescindibles para disminuir la alta tasa de desempleo e incidir positivamente en nuestro desarrollo integral. Sin embargo, los intereses de largo plazo de la nación panameña-que deben contemplar la posibilidad de que el modelo macroeconómico se venga abajo algún día o sufra merma-exigen que se tomen las debidas salvaguardias y prevenciones a fin de que las inversiones no resulten peligrosas o contraproducentes ni constituyan factor condicionante que pueda distorsionar un desarrollo equilibrado.
No nos preocupa, empero, la inversión privada en sí misma, sino el hecho de que ella parece erigirse como el criterio único y totalizador que nutre nuestro enfoque desarrollista de las áreas revertidas, sin dar ni abrir posibilidades a las inversiones o usos de carácter público y social.
El afán de lucro, que es el objetivo del capital, parece ser el único norte-salvo por honrosas pero secundarias excepciones-que orienta nuestro enfoque económico de las áreas revertidas.
Así, la antigua Zona del Canal (sin la vía interoceánica) pasa de un extremo a otro: de haber sido un proyecto público y estatal de Estados Unidos en Panamá no sometido a usos productivos en términos comerciales, a un proyecto de la empresa privada arropada formalmente bajo el paraguas del Estado panameño, que se conforma con la constitución de un fondo que parcialmente recoge algunos beneficios, supuestamente para uso social.
Curiosamente, quienes aplaudían y elogiaban el eficiente mantenimiento de la Zona del Canal olvidan convenientemente que dichas áreas estaban sometidas a un "socialismo" estatalista de Estados Unidos, subsidiado por el Canal, y ahora demandan que las áreas revertidas pasen al otro extremo y sean pasto del capital extranjero.
Ello choca con un criterio que está ausente y que debe incorporarse a nuestra visión de las áreas revertidas: el criterio histórico, que nunca debió ser excluido, pero lo fue, en la planificación real del uso de los recursos involucrados en la antigua Zona del Canal.
Todos admiten que las áreas revertidas benefician a los sectores sociales que nunca lucharon por la soberanía panameña en la Zona del Canal. En efecto, la clase trabajadora (la inmensa mayoría del pueblo panameño), el estudiantado, la intelectualidad y la juventud de este país no tiene cabida en el espacio geográfico-administrativo por cuya recuperación luchó durante el pasado siglo.
Con la elección del nuevo director de la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) se abre la posibilidad de rectificar el rumbo trazado en el uso de las áreas revertidas con el fin de introducir criterios de equidad social y justicia histórica en su aprovechamiento. El nuevo director no debe ser un representante personal de la actual mandataria, un vocero de la empresa privada nacional o extranjero, un resultado de compromisos politiqueros: debe ser una persona competente, honrada, independiente en lo político, centrada y ecuánime, perceptivo y sensible a la importancia de la dimensión social y el espíritu cooperativo que no deben faltar en una visión económica, empresarial y desarrollista de las áreas revertidas.
Los sectores organizados se están cansando de la falta de respuestas, de las promesas incumplidas, del doble discurso y la doble moral. Por eso, la nueva elección el director de la ARI nos enfrenta al dilema: rectificación histórica o caos. Como panameños, exigimos lo primero.
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