Las denuncias en el proceso judicial que se le sigue al mayor destituido, Alex Cedeño, se han extendido al plano psicológico.
Su abogado, Roniel Ortiz, señaló que en la última diligencia sobre su caso hubo una intervención del Consejo de Seguridad, que buscaría hacerle creer a su cliente que sería llevado a una diligencia judicial.
"Supuestamente se coordinó una diligencia de indagatoria -el pasado viernes-, y cuando lo iban a trasladar, se escucha una llamada hacia los custodios del comisionado Bolívar Medina, del Consejo de Seguridad, girando instrucciones sobre lo que debían hacer", reveló el abogado Ortiz.
Esta denuncia se produce, tras otras amenazas de parte de las autoridades que involucra a familiares de Cedeño, como la suspensión por dos meses a su esposa, quien es capitana en la Policía.
Keila Martínez, cónyuge del exmayor de la Policía Nacional, fue suspendida por órdenes de una junta disciplinaria que se le realizó el pasado viernes.
Con anterioridad, a Martínez le abrieron tres expedientes dentro de la Policía Nacional, mientras realizaba un curso para ascender a oficial.
Otros casos
La coacción de testigos y la presión psicológica de los acusados son prácticas que no son ajenas a otros casos que se manejan en la administración de justicia en este gobierno.
Recientemente, el abogado Ramón Mendoza, defensor de María Mercedes Riaño, encargada de la representación de la firma Mossack Fonseca en Brasil, denunció presiones ilegales por parte del Ministerio Público, incluso con amenazas temerarias para que su cliente firmara un convenio de delación premiada.
Mendoza sostuvo que en medio de una diligencia judicial, la abogada Riaño fue interceptada por tres fiscales, entre ellos Vielka Broce, quien no es parte de la investigación que se le sigue.
En otro caso, el abogado Víctor Almengor, defensa de la empresaria Poulette Morales, reveló que a su defendida le solicitaron en una diligencia, declarar en contra de una persona a la que no quiso mencionar, a cambio de su libertad.
También, en el caso del exsecretario del Consejo de Seguridad Gustavo Pérez, familiares y el partido Cambio Democrático han denunciado un secuestro por parte de las autoridades judiciales, al haberlo mantenido como privado de libertad e inventarle otros procesos legales.
60 días fue suspendida de sus funciones la esposa del exmayor Alex Cedeño, como una supuesta medida de presión.
