Con 38 votos a favor y 18 en contra, el pleno legislativo aprobó ayer en tercer debate el proyecto de ley que modifica el Fondo Fiduciario para el Desarrollo y dispone que el capital, que hasta el momento es de B/.1,313 millones, sólo puede invertirse en condiciones de seguridad, rendimiento y liquidez.
El ministro de Economía y Finanzas, Fernando Aramburú Porras, afirmó que contrario a lo que se ha dicho, a través de esta modificación, no se pretende impedir que la presidenta electa Mireya Moscoso utilice estos fondos y sostuvo que lo que se busca es garantizar que sean invertidos en instituciones financieras de reconocido prestigio, nacional e internacional.
El artículo 1 del proyecto dispone que las inversiones podrán hacerse a través de depósitos en bancos de reconocida solvencia o en títulos-valores y que corresponderá al Organo Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, expedir la reglamentación correspondiente.
Durante la discusión del proyecto en tercer debate, el legislador opositor Lucas Zarak reiteró su rechazo a la norma, alegando que es bastante "egoísta" lo que pretende hacer el actual gobierno al restringir el uso que le pueda dar la nueva administración al dinero depositado en este Fondo.
Recalcó que las contradicciones en que han incurrido los directivos de la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) en cuanto al monto depositado en el Fondo producto de la venta de los bienes revertidos, demuestra que es preferible que el mismo se invierta en obras de interés para el pueblo.
Mientras que el ministro Fernando Aramburú Porras reiteró que este dinero es propiedad del pueblo panameño y que nadie está autorizado para gastarlo, ya que fue creado con la intención de dejar un patrimonio que podría ser utilizado por el actual y por los futuros gobiernos.
Subrayó que no existe ningún "egoísmo" porque este Fondo fue creado por la actual administración y desde un principio se dispuso que el capital del mismo no podía ser utilizado, salvo sus intereses para obras de tipo social.
Aramburú Porras dijo que en la ley que estuvo vigente en los últimos años, se establece claramente que este capital no podía ser utilizado para gastos corrientes del gobierno central y manifestó que eso no es nada nuevo, así que no se puede decir que se aprobó con el fin de perjudicar la gestión del nuevo gobierno.
Durante la sesión de ayer, el pleno legislativo aprobó también en tercer debate un proyecto de ley que crea las Unidades Técnicas de Inversión (UTI´s), las cuales tendrán como objetivo principal coordinar inversiones que realice el gobierno nacional en las áreas de difícil acceso.
Las UTI´s podrán contratar obras por vía directa, aunque tendrá que cumplir con los principales requisitos y normas que dispone la ley de contratación pública, así como con los controles fiscales que establezca la Contraloría General de la República y las leyes nacionales.
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