A 20 días para que concluya el último período de sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa, el proyecto de Presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), puede quedar pendiente de aprobación.
El último período concluye el 30 de junio y según la norma legal, esta es la última fecha para que esta propuesta haya recibido los tres debates.
Las modificaciones que señala van desde la estructura administrativa hasta la creación de un Procurador del Consumidor.
Para Fletcher la estructura del ERSP no esta diseñada para ser coparticipe o ser defensora de los derechos de los consumidores porque "ni siquiera hay un departamento o una dirección de protección a los usuarios".
Lo que existe es una oficina de quejas o reclamos de clientes que tiene la mera función de tramitar la queja, no hay oficias internas con mando y jurisdicción que tenga que ver con el tratamiento y seguimiento en la política a favor de los usuarios.
"El posible origen del problema radica en que no hay sentido de representatividad, porque los altos directivos de la entidad son elegidos por el Ejecutivo y no surgen de ternas presentadas por el Estado, usuarios y empresa privada, los tres estamentos fundamentales que tienen que ver con el problema", señaló.
A su criterio, con estos tres estamentos se garantizaría desde un principio un mayor sentido de representatividad y correspondencia.
Según Fletcher, el actual ERSP es totalmente técnico, no tiene un sentido protector hacia los usuarios sino que trata de desligarse de la figura, y como técnico trata los problemas reales de la sociedad.
Coincidiendo con este reclamo el renunciante funcionario del ERSP, Víctor Juliao, consideró que a la ley del Ente Regulador hay que reformarla integralmente para que en verdad ejerza las funciones para las que fue creado, que son la fiscalización, regulación y control de las empresas de auditoria pública.
Dijo que esta entidad requiere mayor fuerza de ejecución y eso es algo muy difícil de conseguir, pues a pesar de imponer sanciones a los agentes del mercado, no puede cobrarles al no poseer un juez ejecutor.
"Los agentes del mercado se ríen de las multas que les ponen porque las reconsideran y cuando fallan en contra se van a la Corte y ahí se duerme dos a cuatro años y se burlan de la sanción que impuso el Ente", consideró.
Además, cuestionó la falta de un sistema de compensación para los trabajadores, incluyendo evaluaciones anuales o aumentos por méritos con promociones de puestos con mayor envergadura y jerarquía, pero consideró que difícilmente los gobernantes vayan a querer aplicar una reforma.
El Ente no tiene una capacidad técnica para competir con las empresas privadas, que esquivan su responsabilidad, señaló.A través de la Ley 26, del 29 de marzo de 1996, se crea el Ente Regulador que tiene a su cargo el control y fiscalización de los servicios públicos, con sujeción a las disposiciones de esta Ley y las respectivas normas vigentes sectoriales en materia de servicios públicos.
