Un anteproyecto de ley que busca evitar que el Ministerio Público investigue a los diputados, levanta temores en torno al futuro de las pesquisas por el presunto soborno en el caso Cemis y críticas ante un posible pacto de “no agresión” entre la Corte Suprema y la Asamblea Nacional.
Uno de los más preocupados es el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Rubén Elías Rodríguez, quien advirtió que este posible pacto sería como conjugar el verbo “no juzgar”.
“Yo no te juzgo, tú no me juzgas, nosotros no nos juzgamos y en fin, nadie se juzga y al final todos quedan impunes”, opinó. Sería como “un pacto de no agresión” entre los integrantes de dos órganos del Estado.
El Artículo 206 de la Constitución, en su Acápite 3, plantea que la Corte tiene entre sus funciones: “Investigar y procesar a los diputados”.
Mientras que el Artículo 160 de la Constitución establece que la Asamblea, en sus funciones judiciales, puede conocer y juzgar a los magistrados de la Corte Suprema.
A juicio del ex magistrado Edgardo Molino Mola, el tema de las investigaciones contra los diputados está claro en el Artículo 206 de la Constitución.
El anteproyecto de ley fue presentada el viernes pasado por el diputado oficialista, Hernán Delgado y pretende desarrollar los artículos 155 y 206 además de reiterar que es potestad exclusiva de los magistrados, juzgar a los diputados.
Añade que si en un término de tres meses, no hay un pronunciamiento, la denuncia se extingue.
Por su parte, el catedrático universitario, Miguel Antonio Bernal, indicó que la Constitución señala que la investigación es materia “privativa” para el Ministerio Público.
Indicó que esta sería otra acción “bochornosa” de parte de la Asamblea, en “complicidad” con los magistrados, por decir lo menos. Agregó que este es un nuevo acto en contra de los principios básicos de la democracia y el equilibrio entre los órganos del Estado.
Gómez ha dicho en varias ocasiones que desea investigar el caso Cemis. Esta posibilidad depende de una decisión de la Corte, que en base al Código Procesal Penal puede dividir la investigación con el Ministerio Público.
La entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal fue pospuesta para el año 2011.
El caso Cemis es, según varios grupos de la sociedad civil, el escándalo de presunto soborno más grave registrado en la historia de la Asamblea.
El detonante de este escándalo fue el diputado Carlos Afú, quien denunció, billetes en mano, que él y varios de sus colegas recibieron B/ 6 mil, de un total de B/ 20 mil, por su voto a favor del Centro Multimodal y de Servicios en Colón.
