A pesar de que el presidente Ricardo Martinelli dijo que a los diputados de gobierno "se les fue la mano en pollo", el oficialismo se negó ayer a eliminar la pena de hasta dos años prisión para quienes cierren calles.
El proyecto originalmente pretendía restablecer el récord policivo, pero en el segundo debate se le incluyó la modificación al Código Penal para sancionar el cierre de calles y cambios al Código Electoral para regular la revocatoria de mandato.
La propuesta, que ahora queda pendiente de la sanción o veto por el Presidente, se aprobó en una accidentada sesión, en la que hubo dos iniciativas de devolverla a segundo debate, para excluir el tema de los cierre de calles y los cambios al Código Electoral.
Osman Gómez, del oficialista Partido Panameñista, fue el primero que intentó devolverlo a segundo debate, pero sus copartidarios no lo apoyaron.
Los diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD) votaron a favor.
La segunda propuesta presentada por el PRD también fue rechazada por el oficialismo, mientras que Osman Gómez y Jorge Alberto Rosas del MOLIRENA, se abstuvieron.
Previo a la sesión hubo varias reuniones dentro y fuera de la Asamblea, pues tanto en la bancada de Cambio Democrático (CD) como en la Panameñista había diputados en desacuerdo con el proyecto. Víctor Juliao, del CD, fue uno de los que se retiró antes de la votación.
Rogelio Paredes, del PRD, advirtió que este proyecto será demandado por ilegal e inconstitucional en el caso que el mandatario lo sancione.
El panameñista José Blandón explicó que ya el Código Penal establece sanciones hasta de tres años para quienes cierren calles y actúen de manera violenta.
