Asamblea de transportistas deberá avalar cualquier acuerdo con el gobierno

El subsecretario de Cooperativismo del Sindicato de Conductores de Transporte Colectivo (SICOTRAC), Mariano González, recomendó al director del Tránsito, Angelino Harris, que no haga ninguna transacción ni con ellos ni, ni con la Cámara Nacional de Transporte (CANATRA), si no se avala en una asamblea nacional.
Pidió que Harris se mire en el espejo de lo que sucedió con la Ley 17 de la Caja de Seguro Social que no fue consultada al pueblo, y por eso es que hay una mesa de diálogo donde se está tratando de enmendar algunos errores.
La asamblea nacional que cita González debe estar integrada por dueños y conductores de buses de ambas partes (SICOTRAC y CANATRA).
Indicó que no se opone a la modernización, pero hay que estar claro que las bases transportistas son las que tienen que estar "metidas en el paquete".
Añadió que este mismo mensaje va también al presidente de la República, Martín Torrijos, para que consulte a los afectados y que no se deje llevar por seudo dirigentes.
La alternativa de buses articulados de alta capacidad es la solución más viable al problema del transporte colectivo en la ciudad de Panamá y por ello la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre tiene previsto que este sistema inicie operaciones a partir del 2007.
Harris, dijo que los buses articulados serán la mejor alternativa por el costo de inversión y la flexibilidad en su implementación.
Dijo que a inicios del próximo año deberá iniciarse el reordenamiento del sistema de transporte público.
Es importante mencionar que directivos del Patronato de Panamá Viejo han sostenido conversaciones con personal del Ministerio de Obras Públicas y de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), con la finalidad de buscar alternativas para que los conductores desminuyan la velocidad cuando transitan por la vía Cincuentenario, cerca del Monumento.
Moradores de Panamá Viejo exigen el cumplimiento del Artículo 24 de la Ley de Transparencia en la Gestión Pública, que señala que las instituciones del Estado están en la obligación de permitir la participación de los ciudadanos en todos los actos de la administración pública que puedan afectar los intereses y derechos de varios grupos.
Los vestigios arquitectónicos de Panamá La Vieja forman parte del Conjunto Monumental Histórico, denominado así por el Gobierno, mediante la Ley 91 del 22 de diciembre de 1976.