El pleno de la Asamblea Legislativa debe iniciar hoy la discusión en segundo debate del proyecto de ley que crea el Parque Nacional de Coiba, producto del consenso de dos propuestas que fueron fusionadas para dar lugar a esta iniciativa.
Por medio del proyecto de ley se establece que el Parque Nacional de Coiba estaría integrado por un globo marino e insular, ubicado entre las provincias de Veraguas y Chiriquí, en los distritos de Montijo, Las Palmas, Río De Jesús, Mariato, Soná y San Lorenazo, con una extensión de 430,821 hectáreas que comprenden el área alrededor de esta isla.
Se establece en el texto del proyecto la prohibición a la ocupación humana, excepto para estudios científicos, la construcción de hoteles e infraestructuras de alto impacto, la expansión de las fronteras agropecuarias, la tala y quema de árboles, la cacería, la explotación minera y el depósito de desechos sólidos.
Mientras que en el caso de la pesca, ya sea deportiva, artesanal o de subsistencia, serán debidamente autorizadas y reguladas por el Plan de Manejo de la Isla.
Líder Sucre, secretario ejecutivo de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON), quien estuvo ayer en la Asamblea Legislativa, afirmó que están conformes con el consenso logrado y el documento que será sometido a discusión.
Sucre dijo que estarán vigilantes para que no se le introduzcan mayores cambios al texto logrado, que ha sido producto de la consulta con diferentes organizaciones de la sociedad civil y organizaciones ambientalistas.
El proyecto establece la creación de una "zona especial" de protección marina que incluye la Isla Montuosa y Banco Hannibal, las cuales estarán a cargo de una comisión para el manejo de la pesca en esta área.
El proyecto de ley dispone que el parque estaría manejado por un Consejo Directivo que integrarían catorce personas en representación del gobierno, los municipios del área, empresarios, los pescadores, la Universidad de Panamá, las Organizaciones No Gubernamentales y otras.
Castillo espera que cuando se den a conocer los resultados del trabajo desarrollado por esa comisión, el próximo gobierno asuma sus recomendaciones y que no suceda como en otros casos donde una administración desecha un proyecto porque fue elaborado por otra.
Castillo hizo un llamado a todos los entes para que destinen mayores fondos para atender el sistema judicial y a los jueces y fiscales que revisen bien cada caso cuando emiten una sentencia, pues las cárceles están superpobladas.
El 54 % de los presos en las cárceles del país no están condenados y de esos, la mitad es atendida por defensores de oficio. Una de las conclusiones que contiene la auditoría, es que se designen nuevos defensores de oficio para acelerar los procesos judiciales.
