El pleno de la Asamblea Legislativa iniciará en los próximos días la discusión en segundo debate del proyecto de ley mediante el cual se incrementa a B/.800 el tope que se utiliza para el cálculo del pago del XIII mes a los trabajadores del sector público, propuesto por el legislador arnulfista, José Luis Fábrega.
Según el proponente, esta iniciativa beneficiaría a más de 99 mil funcionarios y requeriría un aporte de B/.34 millones de parte del Estado.
Los funcionarios empezarían a recibir este beneficio a partir del año 2003 según se ha propuesto por el momento en el proyecto de ley, pero hay una disposición incluso de que sea a partir del 2004, para que el Ejecutivo tenga el tiempo de introducirlo en el Presupuesto General del Estado, sin que esto rompa el equilibrio que debe existir.
En la norma vigente se establece que el pago del XIII mes a los funcionarios del Estado se paga sobre la base de un salario tope de B/.400 sin importar que devenguen un sueldo superior a esta cifra, lo que hace que éstos cobren un máximo de B/.123.00 en cada una de las tres partidas que se paga al año.
Fábrega señaló que a pesar de que el Estado tendría que hacer un aporte de B/.34 millones al año, por lo menos B/.23 millones reverterían a la Caja de Seguro Social (CSS) en concepto de cuota patronal y los B/.11 millones restantes irían al bolsillo de los trabajadores.
Todo este dinero circularía en el mercado local, lo cual redundaría en beneficio de la economía nacional, razón por la que no existiría un sacrificio real de parte del Estado.
Fábrega dijo que lo que se pretende a través de esta norma es hacer justicia a los funcionarios, ya que a los trabajadores del sector privado se les calcula el pago del XIII Mes sobre la base del total de los ingresos que perciben, sin que exista algún tope.
Esta acción es discriminatoria y por lo tanto viola el artículo 19 y el 63 de la Constitución Nacional, al establecer fueros, privilegios o discriminación para determinados grupos, en este caso los trabajadores del sector público.
Fábrega insistió en que esta propuesta lo que pretende es constituirse en un paliativo para este acto de discriminación contra los trabajadores del sector estatal.
