La Procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, solicitó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que declaren inconstitucional el numeral cuatro del artículo 212 del reglamento interno de la Asamblea Legislativa, que le permite a ese organismo ordenar el archivo de expedientes por denuncias presentadas contra legisladores.
Montenegro de Fletcher sostuvo que es evidente la violación constitucional del artículo 212 del reglamento interno de la Asamblea, que establece la facultad de los miembros de la Comisión de Credenciales para ordenar el archivo de expedientes seguidos a legisladores.
La opinión de Montenegro de Fletcher se encuentra contenida dentro de la vista remitida a la Corte Suprema por la advertencia de inconstitucionalidad presentada por el procurador José Antonio Sossa, para evitar que la Comisión de Credenciales archiven las denuncias presentadas contra Carlos Afú y Mateo Castillero, por el supuesto cobro de coimas para la aprobación del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (CEMIS).
Aseguró que el artículo 212 del reglamento interno de la Asamblea contiene claras violaciones a los artículos 149 y 154 de la Carta Magna. Alegó que el texto constitucional en ninguna de sus partes otorga a los legisladores de dicha comisión la facultad de archivar expedientes. Explicó que esta facultad se introduce en el reglamento interno de la Asamblea, lo que constituye una clara violación constitucional.
Señaló que los miembros de la Comisión de Credenciales sólo tienen la facultad para conocer las acusaciones o denuncias presentadas contra los legisladores para determinar si hay lugar a la formación de causa, pero no tienen competencia para juzgarlos y mal pueden ordenar el archivo del respectivo expediente.
