La aprobación de todos los proyectos de ley que están en discusión en el pleno legislativo podría ser pospuesta para después de las elecciones del 2 de mayo, informó ayer el subsecretario de la Asamblea Legislativa, José Dídimo Escobar.
Indicó que no se puede negar que el momento político que vive el país mantiene la atención de los legisladores y aunque en cada una de las sesiones legislativas se ha logrado la asistencia para adelantar la discusión, no hay todavía la cantidad que se requiere para votar.
Añadió que la participación de los legisladores en la campaña política es parte del ejercicio de la democracia en Panamá o cualquier país del mundo, porque ellos también tienen derecho a participar en esta contienda electoral.
Escobar refutó además las críticas que señalan que durante este período de sesiones ordinarias asisten muy pocos legisladores principales y que en su mayoría los que participan en las reuniones son suplentes.
Los suplentes son legisladores y legalmente tienen las mismas obligaciones y derechos que los principales, lo que los pone en capacidad de ejercer la misma función que los principales.
Sin embargo, dijo que la sociedad tiene la percepción de que corresponde a los legisladores principales aprobar los proyectos de ley de mayor importancia y por eso lo más probable es que estas decisiones vayan a ser tomadas después de las elecciones.
Actualmente el pleno legislativo discute en segundo debate el proyecto de Ley que crea la Autoridad Nacional del Transporte. También están pendientes el proyecto de ley Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores, una modificación al Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, la Ley Orgánica del Servicio de Protección Institucional (SPI), entre otros.
El funcionario dijo que cualquier decisión o acción de parte de la Asamblea Legislativa dependerá en última instancia de la asistencia de los legisladores y de que éstos conformen un quórum mayor de 37 votos para poder aprobar los proyectos de ley que están pendientes.
Indicó que en última instancia no existe ninguna fuerza coercitiva para obligar a los legisladores a que asistan a las sesiones plenarias e incluso uno de los proyectos pendientes pretende modificar el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa y descontar el salario a los legisladores que no comparezcan a las reuniones.
