El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, Francisco Alemán, aseguró que este órgano ha logrado reducir sus gastos en un alto porcentaje, aunque no especificó la cifra.
Según el legislador, se establecieron ajustes en la Asamblea y se logró reducir las llamadas telefónicas (locales y celulares), la energía eléctrica, principalmente en los acondicionadores de aire, y los gastos generales de funcionamiento.
Dijo que de esta manera logran adecuarse al recorte presupuestario sustancioso que recibió el presupuesto general de la Asamblea para este año, que afectó varios sectores del Organo Legislativo.
Recalcó que los ahorros han sido significativos para disminuir las cuentas exageradas que antes tenían, haciéndole frente a los pocos recursos, sin embargo, dijo que han buscado de varias formas, lograr nuevos recursos para hacer efectivo el pago a funcionarios y evitar el despido de personal. A los trabajadores de la Asamblea Legislativa se les adeuda más de 400 mil balboas en concepto de pagos salariales atrasados, sin embargo, aseguró que pronto se hará efectivo este desembolso.
Otra versión es brindada por la estudiante Gisela Rangel, secretaria de Asuntos Estudiantiles del Departamento de Inglés, quien administra el kiosco de dicha escuela. Se trata de una pequeña tienda que tiene refrigeradoras, horno, fotocopiadora, equipo de computación. Se vende toda clase de comidas y bebidas, tarjetas telefónicas y útiles de oficina.
Según indica Rangel, los fondos recaudados son para apoyar las necesidades de los estudiantes. Agregó que quien lo arrienda le paga una cantidad (no especificada) a la Asociación de Estudiantes de Inglés. Estos a su vez no pagan ninguna cuota de luz, ni de agua.
Pese a la existencia de la Escuela de Bibliotecología en la propia Facultad de Humanidades, los estudiantes de sociología atienden directamente su biblioteca. Según indicó Florencio Díaz, Secretario General de la Asociación de Estudiantes de Sociología y dirigente del Bloque Popular Universitario, el manejo de la biblioteca responde a que, "ellos -los estudiantes- tienen claro el componente teórico y práctico en lo que respecta a la bibliografía". Explicó Díaz que controlan la fotocopiadora y la tienda, cuyos bienes revierten a la asociación de estudiantes. Estamos tratando de organizar una cooperativa en la Escuela de Sociología donde el estudiantado sea el único beneficiado y la misma universidad, sin concesiones administrativas privadas, destacó el dirigente. Díaz agregó que quienes arriendan el local, pagan, a la asociación de estudiantes, una cantidad mensual que no especificó. Las cuentas se rinden ante la Asamblea General de Estudiantes.
El decano de la Facultad de Humanidades, el profesor Carlos Castro, manifiesta que existen normas que corresponden a la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles. Admitió que no hay una política muy clara y transparente con respecto a la instalación de estos negocios. Las asociaciones estudiantiles están haciendo subcontratos con grupos privados y no tienen ninguna regulación, advirtió Castro.
Además, no toman en cuenta las mínimas limitaciones que impone la universidad y las empresas privadas no le retribuyen ningún fondo. Y cuando se van, quieren llevarse hasta las mejoras. Con motivo de la crisis energética, ocurrida el año pasado y que provocó el corte de la luz a la universidad, Castro explicó que se propusieron medidas administrativas para que cada negocio instalara controles de luz y agua.
Otro de los servicios de mayor movimiento en la universidad es Kopys.com, ubicado en la Facultad de Humanidades. Pese a insistentes visitas no pudo entrevistarse a su actual gerente. Dicho local "trasladó a una esquina" a la Librería Universitaria, la cual ha sido reducida a su mínima expresión.
Varios docentes entrevistados, que pidieron reserva de sus nombres, se lamentaron que los universitarios estudian hoy día a base de fotocopias. De esta forma miles de libros son reproducidos en cantidades industriales. El negocio es lucrativo, máxime si no se paga luz, ni agua, ni local. Se contabilizaron aproximadamente más de 550 equipos de cómputo diseminados por todas las instalaciones de la universidad. Se desconoce si los arrendatarios pagan los impuestos correspondientes, ya que tan solo un establecimiento mostró su licencia del Ministerio de Economía y Finanzas.
En horario de lunes a domingo y con jornadas mayores de 15 horas, en las instalaciones, los estudiantes realizan sus tareas, accesan internet, fotocopian materiales a precios más bajos que en el mercado local y hasta pueden alquilar y comprar equipo de oficina y cómputo.
Un caso notorio es el local El Atlas, controlado por los estudiantes de Geografía. Sus instalaciones consisten en 22 computadoras, equipo de diseño gráfico y que se asemeja a una sala de redacción. Se ofrecen, inclusive, servicios de capacitación y asesoría informática.
Se destaca además la Facultad de Comunicación cuyos directivos de la Asociación de Estudiantes se negaron a brindar declaraciones; se observa que dicha asociación dispone de un vagón que en otras épocas fue la oficina del periódico Campus; hoy día se subarrienda a un particular y dispone de 16 computadoras.
Dicha asociación dispone además de un kiosco, otro local para servicios de internet y una amplia sala con televisión y otras comodidades. Al dialogar con dirigentes de la Asociación de estudiantes de Derecho, se comprueba que sub arriendan equipo de fotocopiado a una empresa privada; cinco modernas fotocopiadoras se encargan de "volver letra muerta la ley de Derecho de Autor que protege la propiedad intelectual de autores y escritores".
El recorrido efectuado por las diferentes asociaciones estudiantiles permite concluir que todas- sin excepción- controlan los servicios de kioscos, fotocopiado, diseño gráfico y uso de internet. No se observó certificados de manipulación de alimentos otorgados por el Ministerio de Salud; ninguno dispone de control de luz, ni de agua. Algunos locales trabajan inclusive los sábados y domingo. ¿Dónde comienza la corrupción? Se preguntaba una abogada. Las cafeterías están desabastecidas y tenemos que recurrir a los kioscos particulares.
La privatización de los servicios estudiantiles significa en la práctica disminuir los ingresos de la propia universidad. Una visita al centro de fotocopiado de la Biblioteca Simón Bolívar refleja el cierre del centro que era administrado por la universidad. Según declaró el personal de la propia biblioteca "tuvieron que cerrar el local ante la fuerte competencia que hacen los centenares de fotocopiadoras dispersas por toda la universidad y cuyas copias se ofrecen a tres y hasta dos centavos".
El profesor Olmedo García indicó que la situación es el resultado de la Ley 6 que se impuso a partir de la década de 1990, cuyo modelo es dirigido solamente a la corporación del clientelismo electoral y no resuelve el problema académico. A partir de esa ley, el movimiento estudiantil construyó sus propias estructuras para sobrevivir sobre la base del favoritismo electoral y las autoridades elegidas sabían que tenían que favorecerlos de esa manera. Se refleja el deterioro de la infraestructura universitaria y el gasto excesivo de luz, agua, teléfono y aseo; la universidad deja de percibir por efecto de esos subsidios cerca de medio millón a un millón de balboas. La pugna sigue siendo el debate del corporativismo del voto electoral ponderado: los estudiantes saben que tienen el 25% del voto electoral que son las concesiones de los kioscos y de las fotocopiadoras. Un gran sector del movimiento estudiantil se ha ido alienando y se ve huérfano de esa gran movilización académica, cultural e ideológica que en otras épocas caracterizó a la Universidad de Panamá.
En opinión del Decano de Administración Pública, el profesor Fidel Palacios, el funcionamiento de los kioscos y fotocopiadoras se ha realizado en forma desordenada y es competencia de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles. Explicó que no se retribuyen a la universidad los costos de energía eléctrica, ni agua que implican esos negocios. La actividad ha proliferado debido a la precaria capacidad de respuesta que tiene tanto la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles como la propia universidad para apoyar las actividades estudiantiles. Las asociaciones se basan en esta situación para generar sus negocios . " Soy uno de los principales críticos en la universidad de ese sistema y he solicitado al Consejo Académico que se ponga un alto", indicó Palacios.
Los estudiantes ven en estos negocios su forma de vivir. Hay dirigentes que tienen hasta 15 años en la universidad y no se gradúan porque han logrado montar su propio negocio y ven a la universidad como una vaca que pueden ordeñar de forma permanente.
Según Palacios, el origen de tal anomalía proviene desde la administración de Ceferino Sánchez; con la administración del rector Julio Vallarino se trata de que se inscriban los negocios en la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles. Sin embargo admitió que no ha sido posible sacar de los negocios a los estudiantes que tienen tanto tiempo de administrarlos, porque argumentan que son conquistas. Explicó que debido a la pérdida de las elecciones del grupo del Movimiento de Avanzada Nacionalista ( MAN) se prevé que puedan surgir problemas debido a que hay que traspasar el control del kiosco de la Facultad.
Viola de González, directora de Vida y Motivación Estudiantil de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, indicó que desde hace muchos años regulan a las asociaciones estudiantiles a través de un reglamento de asociaciones o centros de estudiantes vigente desde 1978 se establece en su artículo 2 que, a través de la Dirección de Asuntos Estudiantiles en concordancia con los decanos, dotará de locales a las mencionadas Asociaciones y Centros de Facultad en aquellos casos en que las facilidades físicas así lo permitan sin afectar el normal funcionamiento de la actividad docente, administrativa y de investigación". Se necesita una reforma de dichos reglamentos y no se han concretizado porque hay resistencia a los cambios, aclaró González. Reconoció que muchos locales se han remodelado por las propias dirigencias estudiantiles y el problema se origina debido a que el presupuesto de la universidad se redujo y no es posible brindar algunos beneficios. Admitió que las asociaciones no pagan a la universidad ninguna suma en concepto de consumo de luz, agua y teléfono. González indicó que la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles trabaja con la autorización de los decanos y reconoció que es complejo controlar a más de 54 asociaciones estudiantiles de la Universidad de Panamá, en todas las provincias del país.
El profesor Eduardo Flores, Decano de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y Tecnología, indicó que hay grupos estudiantiles muy responsables. Sin embargo, hay otros que son herederos de una tradición clientelista polítiquera que se trata de eliminar. Destacó que su facultad presentó al Consejo Académico hace un año, una propuesta para que a todos los negocios se les colocara un medidor de luz y la medida fue recriminada por ciertos sectores estudiantiles y reconocida por otros. Aclaró que existen grupos que tratan de aprovecharse de la universidad y otros que sí la respetan y valoran. Explicó que la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles es la instancia que regula la adjudicación de locales a las agrupaciones estudiantiles.
Flores se mostró orgulloso de varios logros de la Universidad de Panamá en materia de investigación científica y desempeño académico, el rostro auténtico de los universitarios, aseguró.
