Unas 50 asociaciones estudiantiles de la Universidad de Panamá (UP) tienen concesiones económicas provenientes del alquiler de centros de cómputos, fotocopiadoras y kioscos, pero sus ingresos no son regulados por ninguna autoridad universitaria.
Panamá América constató que estos grupos tienen un negocio redondo, porque no pagan alquiler, luz, agua ni teléfono. El fruto de estos negocios sirve para financiar sus actividades políticas.
En varias ocasiones, diferentes decanos han solicitado ante el Consejo Académico que se regulen estas actividades, cuyas ganancias alcanzan hasta los B/.2 mil mensuales.
Federico Ardila, exprofesor de la UP, señaló que no hay voluntad política de las autoridades universitarias para regular el tema, porque "no quieren tener de enemigos" a los grupos estudiantiles.
Agregó que la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles adjudica los locales, que en ocasiones son administrados por particulares.
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