El juzgado segundo municipal fijó para el próximo lunes la audiencia preliminar al Secretario General del Frente Nacional Contra la Corrupción, Enrique Montenegro Diviazo, acusado del presunto delito de falso testimonio dentro de las investigaciones por supuestos pinchazos telefónicos.
La audiencia fue fijada luego que el juzgado segundo ordenó una ampliación de las sumarias seguidas a Montenegro Diviazo por el delito de perjurio dentro de la investigación por su presunta vinculación con escuchas telefónicas.
A raíz de esta decisión la Personería Quinta de Circuito debió realizar una serie de diligencias para establecer la posible falsedad del testimonio rendido por Montenegro Diviazo dentro de la investigación por las escuchas telefónicas.
Durante la instrucción sumarial la personería había solicitado el sobreseimiento de Montenegro, pero el tribunal decidió ampliar las sumarias para realizar otras diligencias no practicadas durante las investigaciones.
La Procuradora encargada, Mercedes Araúz de Grimaldo, remitió a la Personería Quinta este expediente para su calificación, tras establecer la existencia de una serie de incongruencias en las declaraciones de Montenegro.
El Consejo Nacional de Seguridad presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra Montenegro, luego que éste presentara la presunta existencia de un memorando firmado por la ministra de la Presidencia, Ivonne Young, que contenía una listado de 117 personas que debían se objeto de escuchas telefónicas.
El Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad, Ramiro Jarvis, alegó que la documentación presentada por Montenegro era falsa y que este trabajo había sido realizado desde la empresa Body Color, que fue allanada por las autoridades.
Durante la instrucción también se decomisó un fax desde donde supuestamente se había enviado a los medios de comunicación copias del supuesto memorando a diversos medios de comunicación social.
Sin embargo, durante las pesquisas el Ministerio Público ordenó la toma de una declaración indagatoria al Secretario General del Consejo de Seguridad, Ramiro Jarvis, para determinar si realmente esa institución había realizado algún tipo de espionaje telefónico a personalidades de la vida política del país.
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