El juzgado séptimo penal realizará hoy la audiencia contra 14 presuntos implicados en el manejo irregular de 1.2 millones del Programa de Ayuda Rápida de Viviendas de Interés Social (PARVIS) del Ministerio de Vivienda.
Una fuente judicial reveló que la audiencia se ejecutará en esta fecha, luego que el juez Felipe Fuentes decidiera celebrar el juicio en una fecha posterior debido a que hace un mes varios abogados de la defensa no se presentaron al tribunal.
Varios de los abogados de la defensa solicitaron al tribunal más tiempo para recabar evidencias a favor de sus defendidos. También algunos de los sindicados han señalado que no existen pruebas incriminatorias en su contra.
Entre los sindicados figuran el exviceminitro de Vivienda Rogelio Paredes; la directora del Programa de Mejoramiento Habitacional, Cecilia Monteza, y el excoordinador de Planes y Proyectos del MIVI, Leovigildio Gutiérrez.
En las sumarias también se incluyen a Noriel Ortega, Rhona Emely Read de Herrera, Pacífico Alberto Castillero, Jaime Abel Sánchez, Cirilo Fuentes Abrego, Jaime Enrique Beitía, Kathy Heron Paz, Wilfredo Antonio Fueller Pérez y Francisco Javier Solís.
Dentro de las investigaciones, la Fiscalía Primera Delegada, formuló cargos al exviceministro Paredes, así como a Gutiérrez y Solís, por los presuntos delitos de infracción en los deberes de los servidores públicos, mientras que el resto de los sindicados enfrentan cargos por peculado.
A Paredes se le atribuye la firma de algunos certificados de asignación provisional, en blanco, para que el proceso fuera completado en las oficinas de Mejoramiento Habitacional y se analiza la posibilidad de que algunos de los certificados se expidieron sin estar en el proceso de legalización.
El desfalco contra el programa PARVIS se estima en B/1.2 millones y según la vista fiscal, sólo en la Provincia de Panamá el faltante representa B/.754,654; en Los Santos alcanzó los B/24,985 y en San Miguelito la cifra ascendió a B/.7,252.
A pesar de la crisis surgida con el PARVIS el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) decidió mantener el financiamiento del programa, dado los correctivos tomados por las autoridades para su manejo.