La audiencia fue dirigida por la jueza encargada, Lenia Vargas, quien tendrá un término de 24 horas y un día por cada 30 fojas del expediente, para decidir si llama a juicio a los imputados por el delito contra la Salud Pública.
Entre los imputados por este caso figuran: Víctor Gerardo Roa, Virgilio Tamayo López, César Tulio Ramírez, María Hortencia Tamayo, Edelberto Galeano Flores y Erika Ávila Flores.
Además se menciona a Deira Ávila Pimentel, Gustavo González, ambos están libre.
Un informe de Inteligencia Policial que elaboró la Dirección de Información e Investigación Policial (DIIP), fechado el 29 de abril de 2001, detalla que esta organización utilizaba viviendas en distintos puntos de las provincias del interior del país para ocultar la droga y el dinero producto del ilícito.
Posteriormente, destaca el informe, la droga y el dinero era enviada a través de Costa Rica y Guatemala con destino final hacia Estados Unidos.
El citado documento relata que empresas en la Zona Libre de Colón son relacionadas con el blanqueo de capital que servían como receptores de los dineros que eran introducidos al país por César Ramírez López.
En la operación encubierta que permitió la captura de estas personas, se logró incautar gran cantidad de drogas, además de B/.20 mil.
A ello, Tejada le agrega un ingrediente primordial para que la fórmula resulte: más presupuesto.
"El país que queremos no lo conseguiremos solamente con buenos gobiernos, hacen falta también buenos ciudadanos. Esto a lo que le llamamos democracia no es una elección de cinco años", Juan Antonio Tejada.
El presupuesto de la Defensoría del Pueblo para el 2005 fue de B/. 2.3 millones.
