Durante los últimos cinco años, los sindicatos del país recibieron más de B/ 6 millones de los fondos del Seguro Educativo.
La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Alma Cortés, sostiene que no tiene claro el uso que los sindicatos le han dado a este dinero, por lo que solicitó a la Contraloría de la República una auditoría a estos fondos.
Paralelamente, Cortés ordenó la suspensión de los pagos que se hacen a los sindicatos mientras el tema sea aclarado.
Según lo dispone la Ley 49 de septiembre del 2002, el 5% de los fondos que recaude el Estado en concepto de Seguro Educativo debe ser destinado a la Educación Sindical.
Para el año 2009, este porcentaje corresponde a B/ 5 millones.
El Ministerio de Trabajo distribuye este dinero entre los sindicatos y otra parte se queda para el funcionamiento de la institución.
Cortés dijo que desde que está al frente de este ministerio, le han llegado cheques por B/ 30 mil, B/ 20 mil y otras cifras, lo que le llamó mucho la atención, por eso “mandó a paralizar todo estos trámites”.
Agregó que aunque los sindicatos son organizaciones y tienen pleno derecho a manejar sus fondos de la manera que determinen, cuando se trate de dinero del Estado tienen que ser claros, y por eso solicitó la auditoría.
Cortés se pregunta cómo es posible que por 20 ó 30 años haya gente que se mantenga al frente de estas organizaciones manejando estos fondos.
Añadió que está analizando la posibilidad de modificar el Artículo 1066 del Código de Trabajo, el cual se establece la manera en que se distribuyen estos recursos.
Otra posibilidad sería la de reglamentar la ley para darle mayor participación a otras organizaciones que aparecen como no confederadas.
Auditen a Trabajo.
Por su parte, la dirigencia sindical sostiene que así como a ellos les aplicarán una auditoría, el Ministerio de Trabajo también debe informar de manera clara cuánto recibe y qué uso le da a este aporte.
Antonio San Martín, director del Instituto Panameño de Estudios Laborales (IPEL), sostiene que como institución del Estado, los fondos que maneja el Ministerio de Trabajo son auditados por la Contraloría General de la República, por lo que esto no representaría ningún problema.
Sin embargo, expresó que le ha tocado ver algunas “inconsistencias” en los informes presentados por los diferentes sindicatos.
No se pretende hacer un problema de este tema, pero es preferible que la Contraloría analice los informes y determine si hay o no algún problema con el uso de estos fondos, planteó San Martín.
El IPEL recibe directamente el 1 por ciento de los fondos que se asignan para la educación sindical.
Este dinero financia seminarios, investigaciones socio-económicas, diplomados y un concurso anual que incluye diversas disciplinas como pintura, escultura, poesía y redacción, en el que se invierten unos B/ 17 mil anuales.
