Once días después de que el secretario del Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción, Fernando Núñez Fábrega, denunció presuntas anomalías en la venta de una finca de la Caja de Seguro Social (CSS) en Boquete, Chiriquí, la Contraloría General ordenó una auditoría relacionada con el traspaso “irregular” de bienes secuestrados por el Seguro.
La auditoría comprende el período 1999-2009 y se sustenta, según el Contralor, Carlos Vallarino, en el Artículo 280, numeral 4 de la Constitución Nacional, que lo faculta para realizar investigaciones tendientes a determinar la corrección e incorrección de las operaciones que afecten patrimonios públicos y, en su caso, presentar las denuncias respectivas.
Fábrega denunció el pasado 24 de septiembre que el actual director administrativo de la CSS, Eduardo Carrasquilla, usó a su cuñada Eloísa Serrano para beneficiarse de la “adjudicación irregular” de un globo de terreno de 900 metros cuadrados.
La finca fue secuestrada en enero de 2002 y pertenecía a Francisco Serrano Ríos, quien murió en 1984, adeudando B/ 99 a la CSS en concepto de cuota obrero patronal. El 21 de diciembre de 2006, la CSS adjudicó el terreno a Eloísa Serrano por B/ 200.
En su momento, el director administrativo de la CSS rechazó los señalamientos de Fábrega y aseguró que se trata de una denuncia “infundada y calumniosa”.
