- 25 investigaciones ha realizado la Antai en mes y medio de gestión de la administración de Angélica Maytín.
Antes de que arrancaran los Carnavales, el despacho del ministro de Turismo, Jesús Sierra, comenzó a ser objeto de una auditoría forense.
Se trata del inicio de una investigación por parte de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), ante las denuncias públicas de supuestos sobrecostos en el contrato de cámaras de videovigilancia para el centro de convenciones Atlapa, como parte de la organización de la Cumbre de las Américas, que se realizará el 10 y 11 de abril de este año.
Un informe del departamento jurídico de la Antai reveló que el ministro de Turismo ya remitió la información relativa a la contratación hecha con la empresa STS Panamá S.A. por la compra de 34 cámaras de videovigilancia y sus respectivos accesorios de operatividad a un precio de 150 mil dólares.
El departamento jurídico de la Antai deberá elaborar un informe que será remitido al despacho de la secretaria ejecutiva de la Antai, Angélica Maytín, quien debe, posteriormente, hacer las consideraciones.
De acuerdo con la Ley 33 del 25 de abril de 2013, que crea la Antai, este organismo está facultado para investigar oficiosamente toda información surgida en los medios de comunicación social sobre supuestos indicios de corrupción en instituciones públicas.
De encontrar la existencia de irregularidades en esta auditoría forense, la Antai tiene la obligación de remitir el caso al Ministerio Público para las investigaciones penales.
Sobrecostos
La unidad investigativa de Panamá América logró recabar información sobre la existencia de sobreprecios en este contrato por el orden de 20% más al costo que se compra en el mercado.
Por ejemplo, se compraron 18 cámaras panorámicas Mobotix de 180 grados, equipadas con sensor de color a 2,812 dólares, pero en sitios de internet están valoradas en 899 dólares.
También se compraron 11 cámaras exteriores Mobotix con lentes dobles a $3,140, cuando el mismo equipo se puede adquirir a $1,824.
En su momento, el administrador de la ATP, Jesús Sierra, dijo que se recurrió a la contratación directa por tratarse de una situación de urgencia por motivo de la seguridad de las personalidades públicas de todo el continente que se darán cita en la cumbre.
También dijo que se escogió a la empresa STS Panamá por considerar que era la única firma autorizada para la distribución de la marca Mobotix.
Sin embargo, Panamá América obtuvo información de que hay otra empresa que es reconocida por la mencionada marca como distribuidora autorizada en Panamá.
Se trata de Multitek, que incluso en la página web de la marca Mobotix la reconoce como la empresa partner en Panamá y que en 2012 trabajaron juntas en la instalación del sistema de videovigilancia de los dos puertos de Panamá Ports, en Cristóbal y Balboa.
El ministro de Turismo defendió el contrato, argumentó que se trata de un sistema de vigilancia que además acabará con el problema de seguridad en los predios del centro de convenciones.
Pasos de la investigación que debe seguir la zarina anticorrupción
La Ley 33 que creó la Autoridad de Transparencia, antes secretaría Anticorrupción, expresa que la administradora de la entidad, o mejor conocida como zarina anticorrupción, Angélica Maytín, podrá realizar investigaciones de oficio.
Estas investigaciones o exámenes de manera oficiosa pueden surgir de denuncias públicas, las cuales normalmente se hacen a través de los medios de comunicación social.
En este caso, la Antai, como primer paso, realiza un proceso de evaluación del caso para determinar si existe mérito para iniciar una investigación.
En esa fase, se encuentra el caso del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), que fue denunciado en Panamá América y el cual hace referencia a contrataciones directas para beneficiar a un círculo cerrado de cuatro empresarios. Luego de la evaluación, se pasa a la auditoría forense, que es cuando se inicia una investigación en firme; se elabora el informe final, con las recomendaciones debidas.
