LOS panameños perciben que hay más corrupción en el país, reveló un informe de Transparencia Internacional (TI).
El documento basado en el Indice de Percepción de la Corrupción (IPC) del 2006, le dio a Panamá una calificación de 3.1, por debajo del 3.5 del año pasado. Todos los puntajes por debajo de 3 expresan que la corrupción es una "realidad extendida" en la nación.
El IPC utiliza una escala de 0 a 10, siendo el 0 para señalar los niveles más elevados de corrupción y 10 para los más bajos.
TI destaca que el país está mostrando una tendencia hacia "no mejorar", desde el 2004, cuando fue calificado con 3.7.
Los empresarios, académicos y analistas de riesgos locales y extranjeros son los que manifiestan que hay más corrupción.
De un total de 163 países Panamá ocupa el lugar número 87, según el IPC.
La tendencia observada en los resultados del IPC en Panamá ilustra desvinculación entre lo que las instituciones públicas realizan y las necesidades reales de la ciudadanía y la empresa privada, especialmente cuando la Asamblea Legislativa parece legislar con fines poco representativos de las necesidades generales del país y es incapaz para actuar como verdadero balance frente al Ejecutivo y el Órgano Judicial.
La presidenta ejecutiva de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, Angélica Maytín, recomendó fortalecer los sistemas de contratación de personal en el sector público, para esto se requiere reformar la actual Ley de Carrera Administrativa.
Es necesaria una ley general de salarios que ponga en práctica el principio de equidad salarial y reduzca los privilegios y prebendas.
Desarrollar una Ley que proteja a las personas que denuncian la corrupción, para evitar que las mismas sean objeto de represalias por parte de los implicados en dichos actos.
Reformar la Ley 59 de 1999 para eliminar la solicitud de la prueba sumaria como condición para poder iniciar la investigación por presunto enriquecimiento injustificado e incluir en la ley que la Contraloría General de la República tenga potestad para auditar las declaraciones patrimoniales de bienes.
Según el IPC, los partidos políticos, la Asamblea Nacional y el Órgano Judicial son las instituciones más corruptas dentro de la comunidad.
