Al ser entrevistada la profesora Yadira Ruiz, directora regional de Educación de San Miguelito, Las Cumbres y Chilibre, indicó que en el caso de menores abusados sexualmente le corresponde a los padres de familia canalizar la situación a través de los juzgados, el Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia o bien los jueces de menores que brindan la orientación correspondiente. Posteriormente el Ministerio de Educación inicia el procedimiento administrativo a través de las leyes que regulan a la educación nacional y que indican proceder con total reserva de la situación por tratarse de menores.
Explicó Ruiz que si el abuso sexual ocurre en la escuela, el director del plantel deberá iniciar la investigación que conlleva escuchar a las partes involucradas. Se levanta un expediente y se remite a la dirección regional correspondiente. Mientras se investiga, el docente se separa del plantel; igual ocurre con el niño/niña o joven implicado.
Con relación al caso ocurrido recientemente en la escuela José Domingo Espinar, Ruiz indicó que fue descubierto por la maestra en el propio salón de clases: dos niños se besan en la boca. La docente les interroga sobre la acción y les recuerda que los varones no se besan en la boca. Los niños responden que observaron en la televisión que los varones sí se besan. La maestra les explica el comportamiento adecuado de las personas adultas en lo que a sexualidad se refiere. Luego se manda a buscar a los padres de familia. Una de las madres involucradas en el caso, envía a su hijo al psicólogo. El niño revela que hay otros niños en la escuela que se besan y acarician el pene entre ellos. Ante la situación denunciada, se manda a buscar a los padres de familia de los niños involucrados. Según Ruiz, la conducta se aprende en la casa. La escuela orienta y canaliza las conductas y se requiere ayuda del padre de familia.
Las acciones del Ministerio de Educación se encaminan a mantener comunicación con los especialistas del Juzgado de Menores, el Gabinete Sicopedagógico ubicado en la propia escuela y el Ministerio de la Juventud, la Niñez, la Mujer y la Familia. Agrega Ruiz: "Necesitamos que los padres de familia sean garantes de la tranquilidad de los propios niños. No ocultamos el problema, por lo contrario, lo hemos aceptado y buscamos su solución".
En la actualidad el grupo de niños involucrados en el caso están recibiendo orientación psicológica. El dictamen de Medicatura Forense indica que de los 14 niños involucrados, sólo han asistido a examen 6. Se ha comprobado que ninguno de ellos reporta evidencias de laceración o penetración sexual. Sí presentan daños sicológicos, debido a que son conscientes de las escenas que han aparecido en los medios de comunicación y les ha afectado saber que toda la escuela y la comunidad se ha enterado de sus acciones.
Como medida preventiva, indicó Ruiz, se ha intensificado la seguridad en la escuela, en los trayectos distantes que deben recorrer a diario para llegar a la misma. De igual forma se hace énfasis en la enseñanza de valores en las aulas.
Por su parte la profesora Berenice de Vallejo, supervisora de la zona donde está ubicada, indicó que tanto la directora del plantel como las propias autoridades ministeriales no han omitido información, sino que por razones de protección de la integridad de los niños, no se han dado a conocer los nombres u otros detalles de la situación, tal como lo estipulan las leyes en Panamá. A los padres de familia les ha costado mucho entender la actuación del Ministerio de Educación, ya que esperaban que la situación se ventilara en los propios medios de comunicación, que se dieran los nombres de los involucrados, sin guardar las reservas que el caso amerita, sobre todo por tratarse de menores de edad. Las protestas de los padres de familia en la propia escuela reclamando justicia, han perjudicado a los niños porque la comunidad y todos los escolares se han enterado por los medios de comunicación.
Por su parte, el abogado de los padres y madres de familia de la escuela José Domingo Espinar, Benito Mojica, indicó ante los medios que existían evidencias suficientes de que los niños venían atravesando una situación de maltrato, que la directora del plantel tenía conocimiento de la situación y la escondió.
Alegó que los exámenes psicológicos de los niños revelan que éstos presentan perturbaciones psicológicas debido a la situación detectada en el plantel. Advirtió que se interpondrá una demanda judicial contra la directora del plantel y las propias autoridades educativas por encubrir un hecho que afecta los derechos de la infancia.
La Ley 38 sobre Violencia Doméstica y Maltrato al Niño-Niña y Adolescente indica en su artículo 215 D. que " la persona que maltrate a un niño, niña o adolescente menor de 18 años, será sancionado con prisión de 2 a 6 años o con medida de seguridad curativa o ambas".
Causar, permitir o hacer que se les cause daño físico, mental o emocional, incluyendo lesiones físicas ocasionadas por castigos corporales.
Utilizarlos o inducir a que se les utilice, con fines de lucro, en la mendicidad, pornografía o en propaganda o publicidad no apropiada para su edad.
Emplearlos en trabajos prohibidos o contrarios a la moral, o que pongan en peligro su vida o su salud.
Imponerles trato negligente y malos tratos que puedan afectarles en su salud física y mental.
Los reportes estadísticos son alarmantes. Los niños y adolescentes atendidos en los Juzgados de Niñez y Adolescencia, por tipo de ingreso, según caso de protección, indican que se reportaron para el año 2002 un total de 6,259 casos. De estos 482 corresponden a casos de abuso sexual.
Al respecto, la magistrada del Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, Esmeralda de Troitiño, indicó que su despacho tiene jurisdicción para atender la situación de abuso, de maltrato, explotación y acoso en el aspecto de la protección del niño y adolescente.
La investigación y procesamiento del agresor o maltratador le corresponden al Ministerio Público por tratarse de personas adultas. Si el abuso lo comete un menor de edad, el caso es penal en el ámbito de la adolescencia y sí le corresponde a su despacho.
A partir de mañana lunes se establecerán físicamente las instalaciones de las estructuras judiciales que van a atender por separado el tema penal de los adolescentes. Indicó Troitiño que en su despacho se tramitan casos de abuso sexual cometidos por educadores, familiares y sacerdotes. La respuesta adecuada ante casos de abuso sexual debe ser garantizar que los menores abusados sean ubicados en centros adecuados que superen la clásica privación de libertad.
Reconoció que las estadísticas de abuso y maltrato sexual van en aumento porque en Panamá hace falta una cultura de protección de derechos.
Considera que prevalece el concepto de la protección física del menor, pero aún falta trabajar para que sea una realidad la protección de la dignidad de los menores de edad. No hay cultura de respeto de derechos y como los niños son las víctimas y "todos envuelven las cosas", es decir, todos tratan de ocultar la situación por su propia condición de adulto que detenta el poder: escolar, familiar y hasta eclesiástico, aseguró Troitiño.
La situación se complica porque para sancionar al culpable se encuentran limitaciones: es difícil presentar pruebas fehacientes ¿Cómo puede enfrentar una niña de 12 años a su tío, a su maestro, al policía, al taxista o al busero del colegio? Hay una relación muy estrecha con el adulto. Los argumentos de los adultos tienden a demeritar las declaraciones de los niños y se aplican los mismos procedimientos de investigación. El careo en estos casos no funciona por la propia debilidad de los niños, explivca la magistrada.
Reconoció que las mayores causales de abuso sexual hacia los menores se cometen en el propio círculo familiar y las estadísticas revelan sólo una parte de los casos porque hay mucho silencio y situaciones que no se reportan. Los niños no son los que realmente están en riesgo sino la propia sociedad, al estar en peligro de no poder garantizarles un presente de bienestar familiar y un futuro de seguridad emocional.
