El Gabinete aprobó ayer un proyecto de ley que aumenta hasta 9 años la pena de prisión al transportista que cause la muerte de una persona, y se le compruebe estado de embriaguez o drogadicción, regata, licencia inadecuada, fuga o la prestación del servicio en un vehículo en mal estado, a sabiendas del propietario o del conductor.
Las nuevas medidas se incluyen en un paquete de reformas a la Ley 14 de 1993, que regula el transporte público de pasajeros.
Se prohíbe la utilización de los denominados "pavos" en los buses de la ciudad, el uso de troneras, sirenas, equipos de sonido, así como también tomar combustible con pasajeros a bordo.
Las reformas aseguran el no alza de las tarifas y también se establecen nuevas causales para la cancelación de los cupos o certificados de circulación.
Por su parte, una fuente de la Contraloría General de la República informó que están haciendo un análisis comparativo de las Normas de Contabilidad Gubernamental con las NIIF.
Dicho análisis contempla los elementos de contabilidad, presupuesto, tesorería y deuda pública, para fortalecer la gestión gubernamental.
Afirman que pese a que la contabilidad del sector público está fundamentada en las normas de contabilidad gubernamental, se hace necesaria la revisión a fin de hacerlas consistentes.
La fuente mencionó que se están tomando en cuenta cualidades como transparencia, confiabilidad y calidad, entre otras.
Además, buscan comparar la información financiera de Panamá con la de otros países.
Las normas requieren como carácter obligatorio, salvo muy raras excepciones, que se comparen los estados financieros del año de la adopción con el año anterior.
Expertos indican que en el resultado de la adopción, es muy probable que surjan ajustes contables importantes que afecten la contribución fiscal de las empresas.
