Denuncias por delitos ambientales
172- se reportaron el año pasado en lo relacionado al tema de deforestación y tala de árboles.
- casos registrados por incumplimiento de las normas de calidad ambiental.
- las que se presentaron por atentar contra las áreas protegidas y la vida silvestre.
Durante el período del 2011 la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) logró recaudar $486,971 en multas y sanciones que fueron impuestas a personas naturales o empresas por violar las normas ambientales.
La administradora de la ANAM, Lucía Chandeck, informó que el año pasado recibieron un total de 456 denuncias por delitos ambientales, de las cuales la mayor cantidad de casos que se reportan son los de tipo forestal, seguido de calidad ambiental, áreas protegidas y recurso hídrico.
Mientras hasta junio de este año van unas 217 denuncias presentadas en la institución, manteniendo el mismo patrón de recursos afectados.
Al respecto, Raisa Banfield, ambientalista, considera que la gestión de la ANAM no se debe reducir solo al cobro de multas, por el contrario, debe ser más beligerante en la prevención y fiscalización de los recursos y exigir la reparación de los daños que se ocasionen.
Comentó que las sanciones o multas que se impongan “se convierten como parte del precio del daño”, donde las empresas al final terminan pagando, pero no se ve que se les pida invertir para reparar el daño ocasionado. Citó como ejemplo el caso de la cuenca del río Pacora.
La ambientalista mencionó que con la cantidad de daños a las cuencas hídricas, el tema de los manglares, la cobertura boscosa, en materia de minería, playas y costas, la Autoridad no está siendo beligerante.
“No se ve a una ANAM educando y trabajando con las organizaciones, sino que se ha aislado”, destacó Banfield.
Sin embargo, para Chandeck , es muy fundamental custodiar la calidad y cantidad de los recursos, aunque en el caso de aquellos manglares o humedales que no están en zonas de áreas protegidas no es competencia de la institución, sino de la Autoridad de los Recursos Acuáticos, que tiene la custodia de estos en el resto del país.
