El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) tendrá que cobrar en un futuro por el servicio de tratamiento de aguas servidas, lo que representará un incremento en la tarifa del agua, advirtió el director de esta dependencia, Laurencio Guardia.
"No podemos decir en qué medida se afectará, pero sí es claro que los B/.351 millones de balboas que serán financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia de Cooperación de Japón, deben pagarse y deberá haber algún tipo de retorno", indicó.
Explicó que las colectoras del IDAAN generalmente se han financiado a través de valorización y otras por el Gobierno Nacional, pero la nueva política mundial es que el usuario lo debe pagar. Destacó que el IDAAN no está cobrando por el sistema sanitario ni por el de tratamiento, quizás porque brinda un pobre servicio.
No obstante, cuando se ponga en marcha el programa de saneamiento de la bahía de Panamá, sí tendrá que efectuar reajustes en los servicios. La empresa Hazan and Sawyer, patrocinada por el gobierno de Estados Unidos, entregó al Ministerio de Salud un estudio que permite avanzar en la limpieza de la bahía.
La limpieza de la bahía tendrá un costo aproximado de B/.59 millones en la fase de recolección, B/.42 millones en transporte y B/.156 millones en tratamiento de aguas residuales.
Según el estudio "el déficit comercial en esta materia podría ser considerado un estímulo a la industria nacional y al Gobierno, para identificar los incentivos necesarios para motivar a la industria".
La inversión total en el país ha mostrado un crecimiento estable pasando de 3,983 millones de dólares en 1990 a 11,122 millones de dólares en el 2001.
Ante este panorama, si no se logra el plan de desarrollo forestal el impulso de la industria forestal "será mínimo", limitándose a las pocas empresas que han logrado incorporar tecnología de punta, pero es previsible que tengan problemas de abastecimiento de la materia prima.
Y se desaprovecharía el impacto económico en regiones actualmente deprimidas económicamente, pero ricas en recursos forestales. Pero, además de esta tendencia la sociedad civil, las comunidades y los gobiernos locales no se han sumado a los esfuerzos de aprovechamiento y manejo forestal sostenible.
De no lograrse la incorporación de estas autoridades, la condición socioeconómica de las familias que derivan su sustento de la actividad forestal empeorará, se perderán fuentes de empleo, al ir reduciéndose el número de empresas.
Aunque la tendencia indica que permanecerán activas pocas industrias con capacidad de competir en calidad y precios a nivel del mercado nacional e internacional, una estrategia que promueva inversiones públicas y privadas potenciaría la capacidad de los recursos forestales y el mejoramiento de los niveles de vida de la población rural, disminuyendo la situación de extrema pobreza.
Algunas situaciones han emergido en los últimos años y se perfilan como promisorias para la conservación de nuestros bosques a mediano plazo, entre ellos, la valoración del aporte de los bosques en concepto de bienes y servicios ambientales, las certificaciones forestales y la gestión de proyectos de carbono dentro del mecanismo de Desarrollo Limpio.
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