La decisión del Gobierno panameño de ratificar la reducción de la edad penal mínima a los doce años ha atizado más el debate ya encendido en la región, sobre si esa es la solución para luchar contra la criminalidad o un "nuevo retroceso" que desvía la atención de las causas de los problemas.
La disminución de la edad mínima penal es una realidad en Panamá, tras la publicación el viernes de la nueva disposición, mientras en El Salvador los partidos de derecha e izquierda sellan una insólita alianza para tratar de saltar el veto del presidente, Mauricio Funes, al aumento de las sanciones a adolescentes.
Funes ha vetado por "inconstitucional" una medida sancionada por el Legislativo salvadoreño el 11 de febrero para que los jóvenes de entre 16 y 17 años puedan ser condenados a penas de hasta 15 años por delitos graves.
Con la decisión de disminuir la edad penal, Pa namá se suma a Costa Rica en la determinación de que a los 12 años los niños tienen que rendir cuentas ante la justicia penal.
Aunque en Costa Rica no hay prevista ninguna modificación, durante la reciente campaña presidencial el candidato conservador Otto Guevara propuso que los menores entre 16 y 18 años que cometieran delitos contra la vida fueran juzgados como adultos.
La situación en la región es bien distinta. En Nicaragua, considerado el país con cotas más bajas de criminalidad, la edad penal mínima es de quince años, y a partir de esa edad los jóvenes pueden recibir penas de seis años en centros especializados.
En Guatemala han surgido iniciativas desde los partidos políticos de oposición, para disminuir a 15 años la edad penal, pero no han pasado de la propuesta y no hay ningún proyecto de ley en este sentido.
