El Gobierno Nacional promulgó en la Gaceta Oficial Ley 26 de 27 de junio del 2000 el aumento en la pena de cárcel en los casos de secuestro y se sanciona con multas de B/.500, la suspensión de la licencia a los abogados que intencionalmente o de manera injustificada dilaten los procesos penales y también aumenta en un tercio las sanciones por accidentes de tránsito que den como resultado muerte, cuando éstos sean provocados por embriaguez, drogas o competencia de velocidad.
La modificación al Código Penal y el Código Judicial aplica una sanción de 12 a 20 años de prisión para los casos de homicidio, o en los que una persona se encuentre secuestrada, sanción que antes no se contemplaba.
De acuerdo con la nueva legislación en los casos de secuestro la pena mínima será de cinco años de prisión y la máxima de 12. Además establece que esta pena será aumentada de 7 a 15 años de arresto cuando se secuestre a un servidor público o una persona con inmunidad, sea la víctima un huésped del gobierno nacional, un menor, una persona discapacitada, la víctima sea sometida a tortura física, sea cometido por un servidor público o sobrevenga su muerte.
No obstante, también señala que si el imputado por secuestro se le rebajará hasta las dos terceras partes de la pena cuando aporte información veraz con la que se pueda identificar a los autores, cómplices, encubridores o instigadores
También señala que el juez de la causa podrá para preservar la integridad física del colaborador ubicar al imputado fuera del centro carcelario bajo la custodia de la PTJ o la policía o sustituir su detención por otra medida cautelar.
La nueva legislación también establece que se considera como falta grave a la ética profesional del abogado la práctica de dilatar injustificada o de manera amañada las diligencias propias de los procesos judiciales en los que actúa y que la reincidencia en esta falta será de conocimiento de la Sala Cuarta de Negocios Generales para su debido juzgamiento y sanción.
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