La situación de la violencia que se vive en el país se ha convertido en un problema de salud pública que por su magnitud requiere de la participación del gobierno, la sociedad civil y de la competencia del Órgano Judicial en la administración de la justicia, afirmó la magistrada del Tribunal Superior de Familia, Ángela Russo.
La magistrada Russo sostiene que ello obedece a muchos factores como la pobreza, el alcohol y otras variables.
Explica que hay personas y grupos especialmente vulnerables como la niñez, adolescentes y las mujeres, y dentro de ellas las más afectadas las indígenas y ancianas.
En lo que respecta a la jurisdicción de familia, cada día es mayor el número de personas que abandonan a los ancianos, afirma.
Esta situación hace necesario tener una mayor coordinación con el Ministerio de la Juventud la Niñez, la Mujer y la Familia (MINJUNFA), para dar protección a los ancianos, asegura.
En este sentido trabajan en conjunto con el gobierno español para establecer módulos que permitan un mejor desenvolvimiento de la justicia de familia.
El primero se refiere a la legislación sobre la víctima y cuál es el tratamiento que hay que darle. El segundo, está relacionado con la violencia doméstica y el maltrato al niño, niña y adolescente y el tercero tiene que ver con la Ley 16 de 2004, que aborda el tema de los delitos sexuales contra quienes padecen los abusos.
Lo que nos interesa es el acceso de la víctima a la justicia y que las personas que han sufrido algún delito, que se han convertido en víctimas directas o indirectas, sepan cuáles son los pasos que tienen que seguir para hacer valer su derecho dentro de los procesos penales, concluyó.
