Los magistrados de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial (DRP) sólo están para ganar los B/.10 mil de sueldo porque de ellos "no se sabe nada", expresó el expresidente de la república, Guillermo Endara.
No obstante, el expresidente considera que la DRP debe continuar funcionando mientras en Panamá "tengamos un Organo Judicial jodido" por la corrupción.
Endara explicó que la DRP, creada mediante un decreto ejecutivo en 1990, llamado "de pronto retorno a la constitucionalidad", pocos días después de la invasión norteamericana, no se le puso fecha de expiración.
"Me da la impresión de que esos magistrados sólo han ido a ganar el sueldo", reiteró Endara, quien señaló que la actuación de los actuales magistrados de la DRP dista mucho del papel que jugaron en su tiempo los primeros magistrados de la institución: Eusebio Marchosky, Gonzalo Menéndez Franco( q.e.p.d) y Eduardo Lombana.
De acuerdo con el exmandatario, el exmagistrado Marchosky propuso un proyecto de ley para hacer más efectivo y más beligerante la DRP, pero la Asamblea de esa época, dominada por el PRD y la Democracia Cristiana, plancharon la iniciativa.
"La DRP nunca fue lo que queríamos que fuera, pero tampoco no veíamos una luz en el firmamento del Organo Judicial en esa época para darle esas funciones".
Según Endara a pesar de que conformó una Corte llamada de "lujo", nombrando a nueve magistrados, tenía la duda de que ellos hicieran el trabajo de limpiar de arriba hacia abajo en el Organo Judicial.
Por tal motivo, explicó Endara se tuvo que crear un organismo semi judicial que se encargara de investigar los robos cometidos contra el Estado porque la "Corte Suprema estaba jodida como lo está ahora".
Según Endara, la DRP aún debe continuar sus funciones porque tenemos una Corte Suprema de Justicia y una Asamblea Legislativa sumida en escándalos.
El legislador, Jerry Wilson Navarro del PRD, propuso durante el período legislativo pasado, un proyecto de ley para eliminar la DRP por considerar ese ente como una figura amorfa y un instrumento de persecución política contra los opositores al gobierno de turno, pero la iniciativa no prosperó.
Un informe de la DRP reveló que durante la pasada década esa entidad recuperó B/.26 millones y concluyó 800 expedientes por lesiones patrimoniales.
Los actuales magistrados de la DRP responden a los nombres de Aurelio Correa, Ricardo Acevedo y Carlos De Bello.
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