Los transportistas de busitos piratas de La Cabima y San Miguelito se han reunido en reiteradas ocasiones con el Gobierno para que su petición de obtener permisos de operación sea tomada en cuenta.
Mientras, el presidente Juan Carlos Varela ha manifestado que durante su gestión los buses piratas pasarían a una concesionaria de la Autoridad Metropolitana de Transporte, pero esto ha sido duramente criticado por la sociedad civil, que señala que sería una estrategia disfrazada para legalizar el transporte informal, a pesar de las muertes que ha ocasionado y el negocio desleal que genera.
