Autoridades elaboran manual para el manejo de evidencias

Con el propósito de hacer más efectiva la aplicación de la legislación ambiental, la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), el Ministerio Público y la Policía Técnica Judicial (PTJ), trabajan en la elaboración del Manual de Procedimientos para el manejo de evidencias.
Así como también en un Banco de datos de peritos ambientales.
Jenny Villarreal, de la Oficina de Asesoría Legal de ANAM señaló que las evidencias recabadas en materia ambiental requieren un trato especial, debido a que suelen pertenecer al ámbito científico y técnico, por lo que deben tener una conducencia jurídica dentro de los expedientes administrativos y penales que surjan por daños al medio ambiente.
Villarreal señaló que las tres instituciones colaborarán en la elaboración, entre otras herramientas, de una base de datos que contenga muestras de contaminantes, maderas, pelos, escamas y plumas, de manera que se pueda determinar en casos difíciles, la ocurrencia e intensidad de un delito ambiental.
Manifestó que a raíz de la publicación de la Ley Nº 5 de 28 de enero de 2005, la Ley de Delitos contra el Ambiente, se creó la División Contra el Medio Ambiente en la Policía Técnica Judicial, quienes trabajarán conjuntamente con la ANAM, para asegurar la solución de casos.
De igual manera Villarreal indicó que en el ámbito administrativo, la ANAM impuso el año pasado más de B/. 1 millón en multas y sanciones de los cuales ya se han cobrado B/. 220, 599.20.
En cuanto al sistema de justicia, criticó su lentitud para atender los casos. "Parece que se les ha olvidado que justicia tardía no es justicia", puntualizó.
Según la abogada, nunca fue política, pero todavía conserva la fe en que hay buenos políticos.
Argumentó que posiblemente los panameños no están bien orientados en escoger correctamente a sus dirigentes políticos.
Paralelamente, instó a la clase política a debatir un poco más el Código Penal, el cual se discute en la Asamblea Nacional. "Esto será la política criminal de ahora en adelante, por lo que debe divulgarse más", dijo.
No quiso calificar la labor del presidente Martín Torrijos, pero le recomendó que no sea tan drástico en implementar los cambios, ya que eso ha provocado que tenga que retrotraer nuevamente los temas de interés social para debatirlos.
Considera que debido a que estamos en una sociedad pensante, las autoridades deben procurar el mayor consenso posible al momento de tomar decisiones.
Ha sido abogada de personas sindicadas en casos difíciles como Amael Acosta, Linda Thomas.
Fungió como Fiscal Segunda Superior en el Ministerio Público, donde laboró hasta la administración de José Antonio Sossa.
Como fiscal manejo el caso de la quiebra fraudulenta de Banaico y uso ilegal de los PARVIS del MIVI, entre otros.