La Directora Nacional de Sistema Penitenciario, Concepción Corro, dijo ayer que no permitirá presiones de un grupo de aproximadamente 884 reclusos extranjeros que anunciaron una huelga en varios penales a partir del próximo 11 de junio.
Aseguró que las quejas de los detenidos son infundadas, debido que gozan de atención médica adecuada y se les da una alimentación balanceada. Agregó que el deterioro en las cárceles se debe a la falta de presupuesto.
La funcionaria negó las acusaciones de torturas y malos tratos denunciadas por los detenidos y aseguró que en ocasiones los agentes de la policía encargados de la vigilancia deben hacer uso de gases lacrimógenos para contralor a los reos.
Sostuvo que las denuncias hechas a través de llamadas por celulares carecen de sentido y que ello constituye una violación a las normas de seguridad del penal. Dijo que varios policías fueron destituidos por introducir celulares al centro penitenciario.
Detalló que durante sus acciones de protesta los internos destruyen los candados, rompen los baños y teléfonos y que luego pretenden que se le repongan inmediatamente.
Según estadísticas, de los 884 reos extranjeros 526 son colombianos y éstos son los que intentan levantar un movimiento para exigir una serie de supuestas reivindicaciones por la comisión de supuestas irregularidades.
Reveló que Panamá y Colombia tienen un acuerdo para el traslado de reos que tengan el 50% de sus condenas cumplidas.
Añadió que en la actualidad existen 90 casos en trámite, pero que las autoridades colombianas no han mostrado mucho interés en concluir con los procesos.
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