El pleno de la Asamblea Nacional autorizó anoche a la Comisión de Comercio de este órgano del Estado a investigar y revisar los contratos leyes de concesión de los servicios públicos de electricidad y telefonía, actualmente en manos de la empresa privada.
A través de una resolución aprobada por mayoría relativa y con el respaldo de los diputados de oposición y algunos de la bancada oficialista, se dio además un plazo de 45 días a la Comisión de Comercio para que realice la investigación respectiva y entregue un informe al pleno con recomendaciones.
Según el proponente de la resolución, el diputado opositor Wigberto Quintero, la medida surge debido a que hay un sin número de quejas de parte de los usuarios de estos servicios públicos que reclaman que se les protejan sus derechos ante los constantes e injustos incrementos en las tarifas que cobran las empresas.
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