Ports Engenieering and Consultans Ports (PECC), empresa vinculada a varios escándalos de corrupción, busca un pago millonario por los supuestos servicios que prestó a la Autoridad Marítima de Panamá, en un litigio ante la Sala Tercera de la Corte, que se encuentra en la etapa del periodo de prácticas de prueba.
Con la demanda de ilegalidad que se presentó, se busca que se declare nula, por ilegal, la negativa tácita -por silencio administrativo de la AMP-, al no contestar la solicitud del pago de los servicios que supuestamente brindó al Estado, desde enero del 2000 hasta el 12 de diciembre del 2003. La deuda podría superar el millón de dólares.
Carlos Carrillo, abogado de PECC, explicó que le solicitó a la Corte que verifique, a través de una auditoría contable, la deuda que el Estado le dejó de pagar a la empresa.
Esta demanda tiene su origen desde el año 2000, cuando el ex contralor de la República, Alvin Weeden, ordenó que se suspendiera el contrato y los cheques de pago a la empresa PECC, toda vez que se manejaba información de que esta cobraba a las empresas navieras una tasa por el mantenimiento de boyas y faros sin reportar al Estado dichos ingresos. Para diciembre del año 2004, la Corte Suprema de Justicia decidió suspender el contrato de la empresa PECC.
Esta decisión, a juicio de Carrillo, demuestra que si el contrato se suspende en el año 2004, el Estado debe pagar los cheques suspendidos desde el año 2000 a diciembre del 2003.
En noviembre del 2009, el expresidente de PECC, Charles Jumet, se declaró culpable -ante un juez estadounidense- de haber sobornado a funcionarios panameños para que se le otorgará una concesión para darle mantenimiento a faros y boyas en 1997.
