El ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, entregó copias de los contratos que no llegaron a concretarse sobre las cárceles modulares al procurador general de la Nación, José Ayú Prado.
Esto es parte de la investigación que se realiza por el supuesto pago de sobornos para la construcción de cárceles modulares.
Ayú Prado informó que estos documentos que tienen cientos de páginas están siendo analizados, como parte de las pruebas.
Añadió que aún están esperando información de entidades bancarias y de las asistencias judiciales que se enviaron a distintos países.
Señaló que la próxima semana se enviará a Brasil una ampliación de la solicitud de información a las autoridades de este país.
En esta ampliación se pedirá información de algunas sociedades anónimas vinculadas a personas mencionadas en el caso, entre esas Valter Lavitola.
Hace unos días, autoridades judiciales italianas confirmaron el recibido de la ampliación que envió Panamá para que se cuestione a Mauro Velocci por un dinero que recibió en el 2010, desde Estados Unidos.
