Barés se queja de manifestaciones

El director de la Policía Nacional, Carlos Barés presentó ante la Defensoría del Pueblo, sendas quejas contra el director de la Caja de Seguro Social (CSS), Juan Jované y la directora de la Escuela Ernesto T. Lefevre, Cecilia Pérez de Warren, por faltar a sus responsabilidades como funcionarios públicos.
La primera de las quejas fue presentada por Barés contra los directivos de la CSS Juan Jované, Artemio De León y Génaro Moreno, por el hecho de omitir su responsabilidad como altos funcionarios públicos, al permitir que empleados de esa institución y grupos estudiantiles universitarios escenificaran protestas tumultuarias utilizando las instalaciones hospitalarias para ello.
En su denuncia Barés asegura que los funcionarios de la CSS y los estudiantes utilizaron la sede del Complejo Metropolitano como fortaleza y pusieron en riesgo a usuarios, pacientes de las instalaciones médicas, así como también a terceras personas que transitaban por la vía Transístmica.
En el documento Barés, presentó un recuento pormenorizado de todas las actividades desarrolladas por los administrativos de la CSS, a quienes acusó de infringir de forma flagrante los preceptos constitucionales consagrados en el artículo 38 de la Carta Magna.
A la vez establece que el derecho a manifestaciones o reuniones públicas no constituye un derecho pleno, si no que se encuentra sujeto a restricciones que establece la propia norma para garantizar que derechos de terceros no sean afectados, tal como lo han hecho los funcionarios de la CSS en sus manifestaciones.
Alegó que los tres funcionarios denunciados mostraron un total desinterés al no presentarse al lugar de los hechos, si no hasta después que unidades de la Policía lograron despejar la vía y restablecer el orden en el área.
En su segunda denuncia, Barés se quejó de la actuación realizada por la directora de la Escuela Ernesto T. Lefevre, Cecilia Pérez de Warren por su omisión al permitir que los padres de familia y docentes de ese centro educativo utilizaran a los estudiantes con el propósito de realizar una manifestación que ocasionó el cierre de la vía José Agustín Arango el pasado 18 de julio.
Precisó que en estas manifestaciones se utilizaron niños y niñas como una forma de impedir a las autoridades desarrollar su función de garantes del orden público, situación que es violatoria de los derechos de seguridad e integridad física de los menores.