El traspaso de 45 millones de balboas provenientes de los excedentes del Fondo Especial de Compensación de Intereses (FECI) a las cuentas del Tesoro Nacional, será llevado a los tribunales en los próximos días para definir si el gobierno violó o no violó las leyes de este país.
La Ley N. 4 del 17 de mayo de 1994 no establece en ninguno de sus artículos que los excedentes del FECI pueden ser traspasados a las cuentas del Estado. Sin embargo, el gobierno defiende su acción sobre la base de una opinión del constitucionalista César Quintero, quien sustenta que el FECI es un fondo recaudado por una entidad del Estado que es la Superintendencia de Bancos, por lo que debe ser considerado como un ingreso del sector público.
Quintero señaló que el artículo 265 de la Constitución Nacional establece que ningún recurso, fondo o ingreso estatal, puede ser manejado fuera del presupuesto general del Estado y de las normas que lo reglamentan.
Quintero señaló que sería inconstitucional que el FECI o cualquier otro ingreso del sector público, se mantuviese sin recibir la liquidación anual que sufren todos los recursos que son partes del Presupuesto General del Estado.
Sin embargo, esta opinión no es compartida por el opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) y algunos exfuncionarios de la Superintendencia de Bancos, entidad que está encargada de administrar los fondos del FECI.
Un ex funcionario de la Superintendencia de Bancos que participó en la creación de la ley del FECI y que pidió reserva de su nombre, señaló que no existe ninguna fórmula legal para traspasar los excedentes del FECI al Tesoro Nacional, por lo que el funcionario que hizo el traspaso infringió las leyes.
En tanto, el ex director de Ingresos, Rolando Mirones manifestó que los excedentes del FECI fueron traspasado del Banco Nacional a la caja central del gobierno o la llamada cuenta 2-10, por instrucciones del Ministro de Economía y Finanzas, Norberto Delgado y el Contralor General de la República, Alvin Weeden, sin el conocimiento de la Superintendencia de Bancos.
"La ley del FECI deja claro que el gobierno no le puede dar un nuevo objetivo a estos fondos. Estos fondos sólo se pueden utilizar para subsidiar intereses bajos en los préstamos al sector agropecuario y préstamos para el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA)", sustenta Mirones.
El capital del FECI no es el Estado, sino que es un fondo especial privado, ya que proviene de la retención del 1% que cobran los bancos a las personas que tienen préstamos mayores a 5 mil dólares, explica Mirones. "El estado no participa en nada, ese dinero no puede entrar en el presupuesto", recalcó el ex director de Ingresos.
Mirones manifestó que el asunto es más grave de lo que se piensa, porque la ley establece que deberán estar registradas dos firmas para el manejo de las cuentas del FECI en la Superintendencia de Bancos, lo cual fue omitido por el gobierno al momento de hacer el traspaso de los fondos al Tesoro.
"Es my grave que se estén utilizando dineros que son del Estado para balancear el presupuesto, y encima de eso se le está diciendo mentiras a las entidades financieras internacionales en cuanto a un déficit de 1% cuando en realidad es mayor", comentó Mirones.
La ley establece textualmente que "el excedente de cada ejercicio anual del FECI, después de constituidas las reservas técnicas necesarias, se destinará en préstamos al uno por ciento de interés anual, en la porción que se indica seguidamente: 75% al Banco de Desarrollo Agropecuario y 25% a las cooperativas de crédito agropecuario, según los términos y condiciones que estas entidades acuerden con la Superintendencia de Bancos".
El Panamá América intentó conversar con las autoridades de la Superintendencia de Bancos o la junta directiva, pero nadie quiso hablar sobre este tema.
En tanto, en el Ministerio de Economía se limitaron a reiterar que se actuó dentro de lo que establece la Constitución y las leyes, pero ningún funcionario accedió a una entrevista.
