Aplicando una fórmula criticada por ellos mismos en la administración anterior, el ministro de Desarrollo Agropecuario, Jorge Arango Arias, y el gerente general del Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA), Ricardo Solís, solicitaron con "urgencia notoria" a la Contraloría General de la República la eliminación del control previo.
La Gaceta Oficial número 27,827 publicó una resolución firmada por ambos funcionarios de jerarquía, el 15 de julio del año en curso, en la cual piden que exceptúe del control previo todos los actos referentes al manejo de la aprobación de créditos, las contrataciones y los pagos de préstamos que suscribe el BDA con sus clientes. También pidieron a la Contraloría General de la República no efectuar ninguna inspección o trámite previo al otorgamiento de créditos ni a la formación de las contrataciones de préstamos para que los desembolsos a los productores se haga en el menor tiempo posible y de manera oportuna.
Para el economista y docente universitario Juan Jované, existe "doble discurso y doble moral" porque antes se decía que el control previo era necesario y ahora que son gobierno, dicen lo contrario, además de que no se está "dando en el clavo" con esta fórmula.
"Lo que más les conviene a las instituciones no es que no exista el control previo, sino que exista un control previo que sea ágil y oportuno. Si la Contraloría no es capaz de hacerlo, está fallando con su función", destacó el excandidato presidencial.