La defensora del pueblo, Patria Portugal, podría enfrentar un proceso penal, el cual sería independiente de la decisión que tomen sobre su destino los diputados de la Asamblea Nacional.
Ayer, la procuradora general de la nación, Ana Isabel Belfon, comunicó que solicitará la próxima semana a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia una nueva audiencia pública para imputar cargos a Portugal por supuestos delitos contra la administración pública.
Hace dos semanas, el magistrado José Ayú Prado, quien funge como juez de garantías en el proceso, le permitió al Ministerio Pública entrar a la Defensoría del Pueblo para investigarla por denuncias presentadas en su contra.
La zarina anticorrupción presentó dos denuncias contra Portugal.
Portugal es procesada bajo el Sistema Penal Acusatorio por tratarse de una funcionaria con mando y jurisdicción a nivel nacional.
Contra ella, la administradora de la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información, Abigaíl Benzadón, presentó dos denuncias por la presunta comisión de delitos.
La primera fue por irregularidades en un contrato por 250 mil dólares con la empresa Imaginarium, S.A., para el diseño de una página en internet.
En tanto, la segunda fue por anomalías detectadas en otro contrato, en esta ocasión, de servicios de consultoría sobre atención al usuario con la empresa En Avant, S.A., por 200 mil dólares.
En la nueva audiencia que se realizará, Ayú Prado deberá decidir si se imputa o no a Portugal por el delito antes mencionado.
Sobre estos casos, se espera que la defensora acuda la próxima semana a la Asamblea Nacional para que responda, esta vez a los diputados que conforman la Comisión de Credenciales de ese órgano del Estado, sobre detalles que no quedaron claros de su primera comparecencia la semana pasada ante el pleno legislativo.
Esta comisión será la encargada de emitir un informe al Pleno, en un plazo no mayor de cinco días, para que esta última instancia tome su decisión sobre si mantiene o remueve a Portugal de su cargo.
La comisión será instalada el próximo lunes y además del diputado Mario Miller, quien la preside, la integrarán José María Herrera, Manuel Cohen, Abelardo Antonío, Francisco Alemán y Osman Gómez, por la bancada oficialista.
Por la oposición estarán los diputados Leandro Ávila y Francisco Eloy Vega, del PRD, y José Luis Varela, del Partido Panameñista.
Según el artículo 129 de la Constitución Política, el defensor del pueblo “no podrá ser suspendido ni removido, sino por el voto de dos tercios de los miembros de la Asamblea Nacional, en virtud de causas definidas previamente por la ley”.
Entre las causas para su destitución figura la “negligencia notoria en el cumplimiento de los deberes del cargo”.
Defensa
Ayer, la defensora, mediante un comunicado, desmintió que se haya firmado un nuevo contrato con Imaginarium, S.A., como salió divulgado en un medio impreso.
Según la institución, la contratación, que iba a ser suscrita para darle seguimiento a la asesoría de imagen establecida en el primer contrato, jamás tuvo vida jurídica porque se llegó a la conclusión de que el personal de la Defensoría podía realizar esa función.
