El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Guillermo Saéz-Llorens, confirmó ayer que durante su administración se revisará la figura del beneficiario, porque “está impactando en las finanzas de la institución”.
El anuncio generó posiciones encontradas entre la clase trabajadora y empresarial del país; esta última respaldó la decisión argumentando que si no se reglamenta el número de beneficiarios que un cotizante puede cubrir con su cuota, se pondría en peligro la institución.
Estos cambios forman parte de la reforma que hará esta administración a la Ley Orgánica de la entidad y que -a corto plazo- se centrará en la forma de comprar medicamentos.
Sáez-Llorens señaló que el tema de quién atiende a los beneficiarios, le corresponde al Estado. “El Estado es el que debe brindar salud a todos los panameños y no la Caja de Seguro Social”, enfatizó.
Reacciones.
Carlos Abadía, ex viceministro de Salud y ex presidente de la Junta Directiva de la CSS, dijo que es obligante hacer un estudio actuarial para determinar el costo real de los beneficiarios.
Según Abadía, resulta preocupante la alta cifra de padres y madres beneficiarios, que está por el orden de 144 mil.
Muchos de ellos, agregó, violan la ley cuando no son dependientes absolutos del asegurado, como se estipula y que por la edad su atención es más costosa.
En tanto, Guillermo Villareal, del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), dijo “que la CSS no tiene por qué atender a los no asegurados”.
Mientras que Andrés Rodríguez, dirigente de la Asociación de Profesores, rechazó la propuesta alegando que en 2005, presentaron una propuesta de 380 artículos, donde 35 de ellos tenían que ver con este tema, “pero nunca los quisieron leer”.
“El problema no es la cantidad de beneficiarios; sino que el Estado no se responsabiliza por la atención de los no asegurados”.
Rodríguez apuntó que si es necesario volver a presentar la propuesta, lo harán, porque “no vamos a aceptar que se sacrifique al que menos tiene”.
En su momento, el ex director de la CSS, René Luciani, anunció que una de las futuras reformas a la ley de la institución, tendría que incluir la revisión de la cobertura de los beneficiarios, ya que la institución atiende al 77% de la población.
