LAS OBJECIONES contra la recién reformada ley de la Policía Técnica Judicial (PTJ), no cesan.
Ayer, fue presentada ante la Corte Suprema de Justicia una demanda de inconstitucionalidad contra la aprobada Ley 53 o "ley Jácome" donde se establece que será la Procuradora de la Nación la que nombrará al director y subdirector de la PTJ.
Miguel Antonio Bernal, abogado demandante, dijo que se trata de una ley que viola flagrantemente la Constitución en sus artículos 2, 46 y 215. Agregó que "es un gravísimo atentado contra la separación de poderes y el Estado de derecho".
Los tres artículos establecen que los órganos del Estado actúan de manera limitada y separada pero en organización. Además que las Leyes no tienen efecto retroactivo, excepto las de orden público o de interés social cuando en ellas así se exprese.
Bernal manifestó que existe una intromisión "vulgar" del Ejecutivo en acciones que son propias del Órgano Judicial.
Igualmente que se violan flagrantemente los periodos para los cuales determinados servidores públicos son nombrados.
"Esto no es un asunto de que me cae bien o mal el director de la PTJ, sino de que aquí tiene que haber un Estado de Derecho en lo que a poderes se refiere", resaltó.
Por su parte, el secretario de la Procuraduría, Rigoberto González, consideró que Bernal desconoce lo que se trata separación de poderes de los órganos del Estado.
"La PTJ investiga el delito, hecho que también hace el Ministerio Público, no veo donde está la separación", expresó el funcionario.
Bernal dijo que en realidad lo que se quiere es que la PTJ sea controlada por el Consejo de Seguridad del Estado.
El Ministerio Público no puede destituir al director de la PTJ hasta que vuelva de vacaciones.
La Procuraduría de la Nación decidirá quién será el nuevo subdirector de la PTJ una vez Eric Bravo acuda a notificarse de su destitución.
Se prevé que hoy se presente a la Procuraduría.
