La contralora general de la República, Gioconda de Bianchini, pidió a los ministros y directores de entidades públicas que eviten las contrataciones directas y que se manejen con apego a la ley.
Bianchini reconoció que las compras del Estado llevan muchos pasos burocráticos, pero que se trabaja para bajar los tiempos y que se pueda resolver la situación a corto plazo.
En los primeros 16 meses de gestión, el Gobierno de Ricardo Martinelli realizó cerca de 3 mil 500 contrataciones directas, con un monto que alcanza los B/490 millones.
El Consejo de Gabinete aprobó el pasado 18 de enero un proyecto para reformar la ley de contrataciones públicas.
El viceministro de Economía, Frank De Lima, explicó que con las reformas planteadas se busca cambiar la nomenclatura a ciertos trámites en la ley de contrataciones públicas que aparecen como contratación directa, pero que en realidad no lo son.
Como ejemplo citó el caso de los contratos de renovación de arrendamiento de las oficinas estatales, de las pólizas de seguro y las contrataciones con proveedores exclusivos de ciertos bienes y servicios.
El proyecto de ley debe ser presentado a la Asamblea Nacional de Diputados -para su discusión y posterior aprobación- por el ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, según estableció la resolución que emitió el Consejo de Gabinete.
