El gobierno panameño y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) firmaron un préstamo por B/.5.5 millones, de los cuales B/.3.5 millones serán destinados para el diseño de los planos del saneamiento de la bahía de Panamá y el resto para la aplicación de la Ley No.2 de 1997 que establece el marco regulatorio del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).
El ministro de Salud, Fernando Gracia, indicó que se logró adjudicar un remanente de B/.5.5 millones del préstamo que había sido asignado por el BID y que estaba por vencerse.
Detalló que anteriormente se invirtieron B/.2.3 millones para el proyecto general del saneamiento de la ciudad y de la bahía, y agregó que también se destinarán fondos para establecer todo el marco regulatorio del Ministerio de Salud en materia de agua y alcantarillados. Explicó que estos son puntos importantes que realiza el gobierno para lograr el saneamiento de la ciudad y las comunidades de Arraiján, La Chorrera y San Miguelito.
Precisó que ahora la Unidad Coordinadora de la Bahía efectuará un acto público para seleccionar la empresa que diseñará los planos del proyecto. Informó que la obra civil del saneamiento de la bahía tiene un costo aproximado de B/.250 millones y el diseño, B/.3.5 millones.
Según el ministro, la ejecución de esta ley servirá para garantizar la calidad del agua en el país y la disposición de agua servidas y desechos tóxicos. "Enmarcará importantes aspectos en materia de los desechos sólidos como la basura, aparte de la materia orgánica", adelantó.
Reveló que ya existe una empresa alemana interesada en tratar la basura en Panamá y construir unos incineradores. Planteó que en enero próximo una delegación japonesa llegará al país para analizar algunos aspectos de la obra civil, porque el gobierno panameño desea obtener un préstamo blando.
Gracia aclaró que la nueva ley del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales eliminó el artículo que permitía la privatización. La Ley No.2 de 1997 establece el marco jurídico que reglamenta los derechos, atribuciones y obligaciones de los prestadores del servicio y de los clientes, el régimen tarifario, y el pago de los servicios; y la participación del sector privado en la prestación de los servicios.
También incluye aspectos del tratamiento de las aguas servidas, específicamente a las plantas de tratamiento de aguas servidas, inclusive los lodos y otros subproductos de este tratamiento.
De igual forma, establecer los principios del régimen tarifario y de subsidios que se aplicará a los servicios prestados tanto por empresas públicas como por empresas privadas o mixtas.
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