Bienes incautados en deterioro

CIENTOS de propiedades, entre fincas, apartamentos, autos y otros bienes, están en franco deterioro porque el Ministerio Público no tiene recursos, personal ni la capacidad para custodiarlos.
Esta situación ha quedado evidenciada ante los cuantiosos decomisos realizados por las fiscalías de drogas en las operaciones Oceános Gemelos, Ley Patriótica, Alamo, Buenaventura, Gato Pardo y donde se capturó a Arcángel de Jesús Henao.
Desde la detención, en 1998, de José Castrillón Henao, cuando se incautaron embarcaciones, apartamentos y vehículos, quedó demostrada la falta de capacidad para mantener los bienes.
Esta situación se agravó al detectar que las organizaciones del narcotráfico habían decidido invertir aquí gran parte de los recursos económicos de la venta de droga.
Una de las operaciones en donde se ubicó la nueva tendencia de los narcos, fue el arresto de Arcángel de Jesús Henao, a quien se le detectó una gran cantidad de fincas en el distrito de Chepo.
En la operación Alamo también se ubicaron otra serie de terrenos adquiridos por los narcos, para legitimar su dinero.
Sin embargo, la lejanía y poca accesbilidad de estas fincas hace muy difícil a las autoridades mantenerlas en debida forma y evitar su deterioro.
En algunos casos, las unidades de la Policía Técnica Judicial y la policía encargada de la vigilancia de estos bienes, deben permanecer varios días fuera de sus casas y vivir en malas condiciones.
Tal es el caso de fincas que se encuentran en el área de Chepo y de La Chorrera, en algunas de las cuales no hay luz eléctrica.
Una situación similar se registra con los bienes decomisados a Pablo Rayo Montaño, en donde el Ministerio Público se ha quedado sin recursos para darle seguridad y evitar que sean vandalizados. Se analiza que los bienes sean rematados y su producto depositado en la cuenta del Estado.
El Ministerio Público pretende presentar un proyecto de ley de extinción de dominio.
Esta iniciativa permitiría incautar cualquier bien o propiedad proveniente del negocio del lavado de dinero.
Aquí el Estado podría rematar el bien y depositar los fondos en la cuenta del Tesoro Nacional.
Una vez terminado el proceso, y si hay decisión absolutoria, se devolvería el dinero a su dueño.