Auditores de la Contraloría de la República y una firma internacional tratarán de recoger en Estados Unidos los bonos fraudulentos por más de B/. 300 millones emitidos por el Municipio de Colón, advirtió ayer el contralor, Alvin Weeden.
Al tiempo que indicó que de comprobarse las irregularidades en esta "transacción millonaria" la alcaldesa de Colón, Matilde Rosales de Ardines y el tesorero José Brown, serán remitidos al Ministerio Público para una investigación penal.
Por otra parte, la alcaldesa Rosales de Ardines interpuso ayer un recurso de reconsideración ante la gobernadora de Colón, Luciana de Policani, para dejar sin efecto la resolución que la suspende por 30 días, sin derecho a sueldo, para que sea investigada por esta situación.
Rosales de Ardines, en actitud desafiante, señaló que acudirá hoy a su puesto de trabajo, a pesar de la petición formulada por el contralor Weeden a la gobernadora de Policani para que abandone su cargo mientras duren las investigaciones.
En tanto, Weeden indicó que emitió la orden para que inmediatamente auditores se trasladen al extranjero para tratar de rescatar estos bonos que afectan la imagen del país y le restan credibilidad.
Sostuvo que los bonos no tienen ningún valor comercial porque la única dependencia que tiene la autoridad para hacerlos es la Contraloría de la República y el Consejo de Gabinete.
"El gobierno no es responsable de ninguna transacción económica que se realice con estos bonos porque son fraudulentos y abusivos", acotó.
Al respecto, el embajador de Panamá en EU, Guillermo Ford, dijo que el fraude se descubrió cuando el FBI le informó sobre unos bonos por B/.300 millones que le habían ofrecido a una prestigiosa empresa norteamericana.
Contenido patrocinado
Últimas noticias
