Un estudio sobre la efectividad del brazalete electrónico y la sugerencia de crear una ley en Panamá que lo incluya como medida cautelar, será presentada en los próximos meses por la Organización de las Naciones Unidades (ONU).
Diomedes Kaá, encargado del Departamento de Asistencia y Coordinación Penitenciaria del Ministerio Público, informó que el 90% de los brazaletes que inicialmente fueron aplicados a varios privados de libertad por la Procuraduría General de la Nación se mantienen activos luego que el Órgano Judicial así lo decidiera.
Actualmente, el Ministerio Público cuenta con 100 brazaletes, de los cuales 51 están en uso, explicó.
La Procuraduría invirtió cerca de un cuarto de millón en la compra de estos brazaletes y se estima que por día, este instrumento electrónico podría costar entre 3 a 5 balboas y hasta más cuando no son utilizados, señaló Kaá.
Sostuvo que en tres años, solo 275 privados de libertad han sido beneficiados con esta medida.
“No estamos acostumbrados o no creemos en este tipo de control, pero en otros países el brazalete se está utilizando para evitar el hacinamiento”, aseguró.
En tres meses, las autoridades pretenden adquirir mil brazaletes más para distribuirlos entre el Ministerio Público, el Órgano Judicial y el Sistema Penitenciario Nacional, indicó Kaá.
