Un proyecto de ley que elimina el concepto de "larga distancia nacional" y que convierte todas las llamadas dentro de Panamá como "locales", además de otras modificaciones en la telefonía celular, será consultada por una subcomisión designada por la Comisión de Transporte y Comunicaciones de la Asamblea Legislativa.
El proyecto de ley que fue presentado por el legislador Wigberto Quintero, pretende introducir modificaciones a la Ley 31 del 8 de febrero de 1996, mediante la cual se pasó a manos privadas la explotación de las telecomunicaciones y que era ejercida por el desaparecido Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL).
El proyecto sólo consta de tres artículos, que buscan la conversión de las llamadas de "larga distancia nacional" en llamadas de carácter "local", regular las tarifas vigentes para las tarjetas prepago de teléfonos celulares y establecer que el cobro del tiempo de las llamadas sea en base a un tiempo real.
El proponente Wigberto Quintero sustentó que actualmente llamar desde un punto a otro del país, resulta más costoso que establecer comunicación con una persona en el exterior.
También explicó que en el caso de las llamadas que tienen una duración de segundos son registradas como llamadas de un minuto y se busca que se cobre realmente por los segundos, y otra es revisar el alto precio de los costos de las tarjetas de prepago.
Dijo que ya es tiempo que se frene el abuso que se comete a diario contra los panameños, por parte de las transnacionales que explotan el mercado de las telecomunicaciones.
El presidente de la comisión, Marcos González, designó una subcomisión que se encargará de hacer las consultas necesarias para conocer si existe la posibilidad de introducir las modificaciones presentadas, sin que ello represente un atentado contra la seguridad jurídica.
Por su parte, la expresidenta de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre, Digna Donado, señaló que mientras el negocio de la importación y la exportación no sea afectado, entonces contará con el respaldo de los empresarios.
Aclaró que los empresarios de Zona Libre no se oponen a ningún proyecto que signifique el desarrollo del país o que esté dirigido a crear nuevos empleos porque el país está por encima, sin embargo, destacó que es necesario defender una zona que ya tiene 55 años de estar funcionando, y por tanto debe ser considerada ante cualquier nueva ley que se quiera hacer.
Recordó que la Zona Libre de Colón no es un experimento y debe ser apoyada porque genera unos 21 mil empleos directos, 40 mil indirectos y un ingreso al fisco de B/.850 millones.
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