El proponente del anteproyecto, el diputado Leandro Avila, expuso que el incumplimiento del artículo 65 de la Constitución Política, que establece la obligación del Estado a garantizar un salario mínimo a todos los trabajadores, sean estatales o de la empresa privada, resulta incoherente con la norma que fija salarios mínimos solamente para los trabajadores de la empresa privada.
Esto, dijo, trae como consecuencia que el salario mínimo legal sea una falacia, pues en la actualidad hay más de 40 mil servidores públicos que poseen ingresos por debajo de lo que dicta la norma.
Advierte que la justicia y la equidad obligan a que el salario mínimo se fije para todos los trabajadores y no sólo para un sector, porque todos poseen las mismas necesidades económicas, materiales, morales y culturales.
Destaca que hay una tendencia a señalar delitos que deben ser investigados e inmediatamente, concluir asignando responsabilidades.
Por ello, asegura que hay sectores que hacen reclamaciones justas, pero hay otros que pretenden utilizar el instrumento penal como argumento para dilucidar contradicciones sociales no legales.
A su juicio, se busca alimentar ambientes de violencia que a la larga podrían perjudicar a toda la sociedad.
Insistió que durante su gestión se restringió el accionar del Ministerio Público para investigar los casos de enriquecimiento ilícito y que debe producirse la reforma correspondiente para devolverle esta facultad.
También señaló entre las dificultades enfrentadas, los recortes presupuestarios aplicados.
Según la Constitución, se le debe asignar el 2% del presupuesto del Estado, pero sólo se le otorgó el 0.76% de los fondos; en tanto, el recibo de expedientes se duplicó.
De 2001 a 2004, Sossa hizo 21 viajes, en su mayoría, por invitación de organismos encargados de combatir el narcotráfico.
Entre 2000 y 2003, aplicó sanciones administrativas a 2 mil 809 funcionarios, entre ellos, fiscales y personeros.
Muchas veces, solicitó reformar la ley que regula a la Policía Técnica Judicial para que quedara bajo el mando del Ministerio Público.
