Una petición para que levante la suspensión del contrato suscrito entre el Estado y la empresa Ports Engineering and Consultants Corp (PECC) fue presentada ante la Sala Tercera Contencioso Administrativa de la Corte Suprema de Justicia por el abogado Carlos Carrillo.
Carrillo sustentó su petición en el hecho que la Contraloría General de la República está utilizando las instalaciones de PECC para seguir prestando el servicio de ayuda a la navegación, mediante el mantenimiento de boyas y faros.
Aseguró que la Dirección de Responsabilidad Patrimonial (DRP) de la Contraloría está utilizando los equipos y personal de PECC para prestar este servicio. Alegó que esto es a todas luces un acto ilegal.
También señaló que la medida adoptada por la DRP puede ocasionar graves perjuicios a la naves que transitan por el Canal de Panamá y a la empresa. Añadió que el artículo 832 del Código de Comercio establece que el depositario de un bien no podrá usar la cosa depositada.
Consideró que el contralor Alvin Weeden con abuso de poder está utilizando la empresa PECC, de la cual se ha tomado su administración, para prestar el servicio de asistencia a la navegación. A la vez señala que esta acción viola la propia orden de suspensión del contrato solicitada.
Entre las pruebas entregadas por Carrillo ante la Sala Tercera como evidencias de que la prestación del servicio no se ha interrumpido y está manejado por funcionarios de la Contraloría se encuentra un vídeo y además solicitó la comparecencia de dos periodistas para corroborar los hechos.
La semana pasada la Sala Terecera negó una primera petición para levantar la suspensión provisional del contrato suscrito entre la Contraloría y PECC.
Está situación los hace buscar otros mercados más rentables como América Latina donde la moneda circulantes sea débil y puedan invertir con ventaja por la fortaleza de la moneda europea.
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